BOGOTÁ — 10 de abril de 2026. El panorama financiero de los trabajadores colombianos enfrenta un cambio estructural tras la expedición del Decreto 0369 de 2026. Mediante esta norma, el Gobierno Nacional impuso un límite drástico a la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fuera del país, fijando un «techo» global del 30%. A propósito de la brecha entre el ahorro nacional (8% del PIB) y la inversión necesaria (20% del PIB), el Ejecutivo busca movilizar el capital de los afiliados para financiar proyectos de infraestructura y sectores productivos locales. Este resultado se traduce en la obligación de repatriar una parte sustancial de los recursos que hoy están en mercados internacionales para inyectarlos en la economía interna. Dicho lo anterior, la medida ha generado una fuerte reacción en el sector financiero, que advierte sobre posibles pérdidas en la rentabilidad de los ahorros.
Bajo este escenario, el país se prepara para una transición de cinco años en la que las carteras de inversión deberán ajustarse a la nueva realidad nacionalista del capital pensional.
Cronograma de ajuste y nueva estrategia de flujo
El decreto no exige un cambio inmediato, sino una implementación gradual para evitar choques bruscos en los mercados. Para empezar, las AFP deberán reducir su exposición externa al 35% en los próximos tres años, hasta alcanzar el límite definitivo del 30% en un plazo de cinco años. Posteriormente, el Gobierno ha dictaminado que el 100% de los flujos provenientes de nuevas cotizaciones se destine exclusivamente a inversiones nacionales hasta que se cumpla el tope establecido.
En este orden de ideas, los mecanismos de control incluyen:
- Banco de Proyectos: El Ministerio de Hacienda creará un catálogo de iniciativas públicas y privadas para canalizar estos recursos.
- Planes de Ajuste: Las administradoras tienen seis meses para presentar a la Superfinanciera su estrategia de implementación.
- Cláusula de Justificación: Si una AFP supera el límite alegando falta de oportunidades seguras en Colombia, deberá presentar un documento técnico que lo sustente ante la autoridad de vigilancia.
Por consiguiente, el Estado asume un rol activo en la dirección del ahorro privado hacia el gasto y la inversión pública y estratégica.
Los riesgos: Rentabilidad, tasa de cambio y escasez de activos
Desde el gremio de las AFP, Asofondos ha expresado serias preocupaciones sobre el bienestar del ahorro de los trabajadores. En particular, su presidente, Andrés Velasco, señaló que limitar la diversificación internacional aumenta el riesgo y reduce la rentabilidad; un ejercicio contrafactual indica que el ahorro diversificado desde 2011 casi duplica el valor que habría tenido si solo se hubiera invertido en Colombia. Cabe subrayar que la repatriación masiva de dólares (se estima un movimiento de hasta $120 billones) podría presionar una revaluación del peso, haciendo que los fondos reciban menos moneda local por sus activos externos.
En resumidas cuentas, el sector advierte que hoy no existe una oferta suficiente de proyectos locales con la rentabilidad y seguridad que exige la Ley 100. Finalmente, el impacto final recaerá sobre el saldo de las cuentas individuales de los futuros pensionados.
