CARACAS — 9 de abril de 2026. En un mensaje a la nación que marca el rumbo del «nuevo momento político», la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un ajuste en la estrategia social y económica del país. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la mandataria confirmó que el próximo 1 de mayo se ejecutará un «aumento responsable» de los salarios, buscando cerrar la brecha de un sueldo mínimo que permanece en 130 bolívares desde 2022. Este resultado se traduce en un intento por estabilizar el poder adquisitivo en un contexto donde el Ejecutivo busca desesperadamente la recuperación de activos bloqueados en el exterior para invertirlos en infraestructura y pensiones. Dicho lo anterior, este anuncio se produce tres meses después de la captura de Nicolás Maduro, evento que ha detonado una reconfiguración total del Estado venezolano.
Bajo este escenario, el Palacio de Miraflores se ha convertido en el epicentro de una apertura inédita hacia Occidente, marcada por el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y una agresiva agenda de reformas legales.
Apertura económica y el factor estadounidense
La gestión de Rodríguez ha priorizado la atracción de capital extranjero para reactivar la industria nacional. Para empezar, la apertura del sector petrolero ha ido acompañada de la promoción de una nueva Ley de Minas, la cual ya cuenta con la aprobación de 115 de sus 130 artículos en el Parlamento. Posteriormente, la visita del secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, el pasado mes de marzo, ratificó el interés de Washington en los recursos auríferos y energéticos del país, tras siete años de ruptura diplomática.
En este orden de ideas, los pilares de la reforma actual son:
- Seguridad Jurídica: Promulgación de leyes que permiten la inversión extranjera mayoritaria en sectores estratégicos.
- Alivio de Sanciones: Gestiones directas para que Venezuela sea retirada de las «listas rojas» internacionales.
- Transparencia Financiera: Promesa de destinar recursos recuperados del exterior directamente al bienestar social.
Por consiguiente, el Gobierno interino apuesta a que el flujo de dólares por inversión privada sustituya el modelo de bonificaciones discrecionales que ha imperado en los últimos años.
La Ley de Amnistía bajo la lupa
Pese a los avances económicos, la estabilidad política sigue siendo frágil. En particular, Rodríguez solicitó este miércoles un «seguimiento riguroso» a la Ley de Amnistía promulgada en febrero. Cabe subrayar que, aunque el Gobierno asegura haber beneficiado a más de 8.000 personas, organizaciones como Foro Penal denuncian que cerca de 500 presos políticos continúan detenidos y que la norma excluye casos críticos relacionados con presuntos intentos de magnicidio.
En resumidas cuentas, la transición venezolana navega entre la necesidad de sanar fracturas políticas y el temor del Ejecutivo a nuevos focos de conflicto. Finalmente, la mandataria enfatizó que la amnistía es una oportunidad para «curar el extremismo», pero advirtió que no tolerará planes de desestabilización por parte de los beneficiarios.
