BOGOTÁ — 7 de abril de 2026. El panorama jurídico de Colombia enfrenta una semana de máxima tensión. El próximo jueves 9 de abril, a las 9:00 a.m., la Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará la revisión formal del Decreto 1390 de 2025. Mediante este documento, el Gobierno Nacional declaró una emergencia económica que actualmente permanece suspendida. La decisión de la alta corte determinará si el Ejecutivo recupera facultades excepcionales o si, por el contrario, las medidas tributarias allí planteadas mueren definitivamente.
A propósito de la protección de la supremacía constitucional, los magistrados han expresado dudas profundas sobre la legalidad del decreto. El tribunal argumenta que los hechos invocados por el presidente Gustavo Petro no califican como «sobrevinientes». Según la Corte, el mismo Gobierno ya conocía y había valorado los desastres naturales en el norte del país un año antes de expedir la norma. Este resultado se traduce en un freno en seco a las aspiraciones de recaudo del Ministerio de Hacienda para este 2026.
El impacto en el bolsillo: Impuestos en el «limbo»
La suspensión del decreto, ocurrida en enero de este año, dejó sin efecto varios tributos que afectaban sectores estratégicos. Dicho lo anterior, el mercado sigue con atención el proceso, pues la vigencia de estos impuestos depende exclusivamente del fallo judicial. Entre las medidas más polémicas se encuentra la aplicación de un IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Este gravamen buscaba desestimular el consumo y generar recursos inmediatos para la crisis humanitaria.
Bajo este escenario, el sector energético también permanece en vilo. El decreto suspendido contemplaba una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad de todas las generadoras eléctricas. Además, establecía una contraprestación del 12% para la energía que las hidroeléctricas vendieran en bolsa. De hecho, las empresas del sector aseguran que estos cobros afectarían la estabilidad tarifaria de los usuarios finales en todo el territorio nacional.
La defensa del Ejecutivo y la visión de la Corte
El presidente Petro envió una carta a la Corte en febrero para solicitar el levantamiento de la suspensión. En el documento, el mandatario sostiene que la situación humanitaria en las regiones afectadas se agrava de forma acelerada. El Gobierno insiste en que las herramientas ordinarias son insuficientes para atender la magnitud de las inundaciones y la crisis alimentaria en el norte. Sin embargo, la Sala Plena mantiene una postura cautelosa y técnica frente a estas peticiones.
Para empezar, la Corte señaló que el Decreto 1390 genera afectaciones serias a los principios democráticos. El órgano judicial considera que la suspensión es necesaria para proteger la integridad de la Carta Política de 1991. Posteriormente, el tribunal precisó que el documento es, prima facie, manifiestamente inconstitucional. Los magistrados sostienen que el Gobierno no cumplió con los requisitos estrictos que exige el artículo 215 de la Constitución para estos estados de excepción.
¿Qué esperar de la audiencia del 9 de abril?
En este orden de ideas, la audiencia del jueves funcionará como un termómetro de la relación entre el Gobierno y las altas cortes. Los analistas prevén un debate intenso sobre la interpretación de lo que constituye una emergencia real. Por consiguiente, la decisión final impactará no solo las finanzas públicas, sino también la percepción de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros en Colombia.
Finalmente, si la Corte mantiene la suspensión, el Gobierno deberá buscar otras vías legislativas en el Congreso para financiar sus planes de ayuda. De esta manera, el país asiste a uno de los choques institucionales más relevantes de este primer semestre de 2026. El equilibrio de poderes se pone a prueba en una jornada donde la técnica jurídica prevalecerá sobre la urgencia política.
