BOGOTÁ — 30 de marzo de 2026. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, en diálogo con Caracol Radio anunció hoy la apertura de una investigación formal y un proceso sancionatorio contra el proyecto Hidroituango. La medida responde a posibles afectaciones ambientales derivadas de la operación de la represa durante la reciente emergencia por el frente frío. De acuerdo con la jefa de la cartera, Hidroituango se consolida como el proyecto más sancionado de la última década en Colombia. En consecuencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) buscará determinar la responsabilidad de la hidroeléctrica en tres hechos puntuales que habrían vulnerado los ecosistemas de la región.
Por lo tanto, este proceso marca un hito en el control de la operación del proyecto. No obstante, la ministra aclaró que no se trata de una medida personal, sino del ejercicio de las funciones de vigilancia del Estado.
Los tres cargos: Inundación forestal y fallas de caudal
La investigación se sustenta en hallazgos técnicos realizados durante el último año, especialmente en los meses de febrero y marzo de 2026. En primer lugar, se detectó que el embalse alcanzó la cota 409, superando el límite permitido de 408. Debido a esto, se habrían inundado cerca de 600 hectáreas de vegetación sin el debido aprovechamiento forestal. Asimismo, este incremento del nivel del agua habría impactado negativamente a la fauna que habita en dichos ecosistemas.
En segundo lugar, la cartera ambiental identificó fallas críticas en la gestión hídrica:
- Control de vertimiento: No se habría controlado adecuadamente el caudal liberado aguas abajo, afectando la ribera del río Aguasabá.
- Falta de coordinación: Se encontraron presuntas fallas entre el caudal recibido en la estación Olaya (aguas arriba) y el liberado por la represa.
Por consiguiente, la ANLA evaluará si estas omisiones en las reglas de operación constituyen una violación directa a la licencia ambiental otorgada al proyecto.
Transparencia institucional: «No es una retaliación»
El anuncio de la ministra Vélez se produce en la misma semana en que la Procuraduría abrió una investigación en su contra por el control de la hidroeléctrica Urrá. Sin embargo, la funcionaria fue enfática al señalar que este proceso contra Hidroituango no es una respuesta a su situación jurídica personal. De hecho, explicó que los procesos sancionatorios ambientales son de largo aliento y se basan en investigaciones técnicas de hechos acontecidos durante todo el último año.
En definitiva, la función del Ministerio es asegurar el cuidado de los bienes colectivos y el patrimonio natural del país. Por esta razón, la ministra defendió la independencia de la autoridad ambiental y descartó cualquier tipo de «retaliación» política. Finalmente, el proceso seguirá los cauces legales establecidos, permitiendo que Hidroituango ejerza su derecho a la defensa ante los cargos presentados.
