BOGOTÁ — 30 de marzo de 2026. El Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, presentó hoy un proyecto de resolución que transformará la manera en que se calcula el precio del diésel en el país. En concreto, la nueva metodología establece que el ingreso al productor del ACPM se determinará con base en el precio de paridad internacional. Este mecanismo aplicará específicamente para el combustible destinado a vehículos de servicio particular, oficiales y diplomáticos. De esta manera, el país busca alinear sus costos internos con las variaciones globales de manera técnica y transparente.
El sistema de precios dejará de ser estático para responder a la realidad del mercado. De hecho, el proyecto contempla actualizaciones semanales basadas en un promedio de los precios diarios internacionales. Asimismo, la medida pretende reducir las presiones fiscales que hoy pesan sobre el Estado.
Límites técnicos y eficiencia fiscal
El nuevo esquema tarifario se desarrolla bajo los lineamientos del Decreto 1428 de 2025. En primer lugar, el proyecto fija límites claros para proteger el equilibrio del mercado: el ingreso al productor no podrá ser inferior al precio de paridad internacional ni superior al precio de paridad de importación. Por su parte, esta estructura busca optimizar el uso de los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el país necesita reglas claras para avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social. Por lo tanto, la iniciativa permitirá que los beneficios de estabilización se apliquen de forma más justa y focalizada. En definitiva, se trata de un paso firme para ordenar el sistema de precios y fortalecer el control sobre los subsidios estatales.
Transparencia y control en la cadena de suministro
La propuesta gubernamental no solo se limita al cálculo matemático, sino que incluye estrictos mecanismos de vigilancia. En particular, el proyecto contempla nuevas obligaciones de publicación y divulgación de precios para todos los agentes de la cadena de distribución. Esto significa que habrá una mayor trazabilidad para evitar desviaciones o abusos en la aplicación del nuevo esquema.
Además, el Gobierno ha invitado a la ciudadanía y a los actores del sector a participar en el proceso de consulta pública con sus comentarios. Por consiguiente, se espera que la versión final de la resolución recoja las inquietudes técnicas de los interesados antes de su implementación definitiva. En la misma línea, esta política energética busca ser más técnica y menos dependiente de decisiones coyunturales, asegurando un horizonte de estabilidad para las finanzas públicas.
