BOGOTÁ —25 de marzo de 2026. A solo una semana de que venza el plazo para el primer pago del nuevo Impuesto al Patrimonio (Decreto 173 de 2026), el sector empresarial colombiano, liderado por el Consejo Gremial, ha lanzado un SOS a la Corte Constitucional. Natalia Gutiérrez, presidenta del organismo, advirtió que la medida, decretada bajo la figura de emergencia económica por la ola invernal, podría causar una quiebra masiva de empresas y poner en riesgo 3 millones de empleos formales.
La controversia se centra en que el tributo no grava las utilidades (ganancias reales), sino la inversión acumulada (patrimonio), lo que obligaría a muchas compañías a pagar incluso si reportan pérdidas en su ejercicio actual.
Radiografía del Impuesto: ¿Quiénes y cuánto pagan?
El gravamen está diseñado para recaudar cerca de $16,3 billones, destinados oficialmente a atender los desastres climáticos, aunque expertos de ANIF proyectan un recaudo más conservador de $6,3 billones.
| Parámetro | Detalle para 2026 |
| Sujetos Pasivos | Empresas con patrimonio líquido > 200.000 UVT. |
| Umbral en Pesos | Aproximadamente $10.474 millones (UVT a $52.370). |
| Tarifa General | 0,5% para la mayoría de sectores. |
| Tarifa Diferencial | 1,6% para sector financiero, carbón y petróleo. |
| Primer Vencimiento | 1 de abril de 2026 (50% del total). |
Los tres frentes de «choque» económico
Según el Consejo Gremial, el impacto será inmediato y se manifestará en tres dimensiones críticas para la estabilidad del país:
- Crisis de Liquidez: Al exigir el pago en menos de 10 días, las empresas deben extraer recursos de su caja diaria, comprometiendo pagos a proveedores y nóminas.
- Endeudamiento Forzoso: Ante la falta de efectivo inmediato, las compañías se verán obligadas a adquirir créditos con tasas de interés aún elevadas solo para cumplir con la DIAN.
- Freno a la Inversión: La medida castiga a quienes decidieron reinvertir sus utilidades en maquinaria, infraestructura y tecnología, enviando una señal negativa a los inversionistas extranjeros.
El debate constitucional y fiscal
La dirigencia gremial cuestiona la legitimidad del Decreto 173, argumentando que el Gobierno está utilizando la crisis climática como una «cortina de humo» para cubrir un hueco fiscal de $32,1 billones estimado por el CARF para 2026.
«Crisis no es sinónimo de emergencia económica. El Estado debe agotar la austeridad antes de asfixiar a quienes generan empleo», enfatizó Gutiérrez al solicitar la suspensión urgente del tributo ante la Corte.
Contexto de Cifras Críticas
- Déficit Primario 2025: 3,5% del PIB.
- Gasto Público: Ha crecido 2,6 puntos del PIB por encima de los niveles prepandemia.
- Población en riesgo: 3 millones de trabajadores formales cuyos empleos dependen de la estabilidad de las personas jurídicas gravadas.
Sin duda, la decisión que tome la Corte Constitucional en los próximos días será el termómetro de la seguridad jurídica en Colombia para este 2026. Por lo tanto, las empresas se encuentran en una encrucijada financiera entre la desobediencia civil, el recorte de personal o el endeudamiento. Finalmente, con el vencimiento del 1 de abril a la vuelta de la esquina, el tejido productivo espera una señal que evite lo que califican como un «perjuicio irremediable».
