El Gobierno Nacional decreta nuevos impuestos al patrimonio y juegos de azar por emergencia económica.
BOGOTÁ — 14 de marzo de 2026. Una nueva cascada de decretos legislativos, expedidos bajo el marco de la emergencia económica por la tragedia climática en Córdoba y otros siete departamentos, ha encendido las alarmas en el sector productivo colombiano. En consecuencia, el Gobierno Nacional publicó siete documentos que resucitan gravámenes previamente rechazados por el Congreso o suspendidos por la Corte Constitucional. El Decreto 0240 de 2026 se posiciona como el más polémico, al introducir cambios estructurales en el sistema tributario que, según expertos, evaden decisiones judiciales mediante ligeras modificaciones técnicas.
El regreso del Impuesto al Patrimonio y nuevas cargas
La medida que genera mayor preocupación es la reactivación del Impuesto al Patrimonio para personas jurídicas, un gravamen poco común a nivel internacional. Por lo tanto, sectores estratégicos como la banca y el sector minero-energético enfrentarán una tarifa diferencial del 1,6%.
Puntos clave del nuevo esquema impositivo:
- Empresas Nacionales: Tarifa del 0,5% para aquellas con patrimonio líquido superior a $10.474 millones.
- Extranjeras: Se incluyen ahora sucursales y establecimientos permanentes de empresas del exterior con el mismo tope patrimonial.
- Plazos Perentorios: Las 15.000 empresas afectadas deberán realizar el primer desembolso el próximo 1 de abril, dejando menos de tres semanas para el ajuste de caja.
Apuestas en línea y Normalización: La «Resurrección» Tributaria
El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, advirtió que el Ejecutivo está utilizando la emergencia como un «atajo» para imponer medidas que el legislativo ya había descartado. Sin duda, el gravamen del 16% a los juegos de suerte y azar por internet es uno de los puntos más álgidos. Este impuesto se aplicará sobre el ingreso bruto de los operadores (apuestas menos premios) durante todo el año 2026.
Asimismo, se ha creado un Impuesto Temporal de Normalización Tributaria del 19%. Esta medida funciona como una amnistía para contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes. Sin embargo, juristas como Juan Guillermo Ruiz advierten sobre la inseguridad jurídica de estos pagos: si la Corte Constitucional declara la emergencia inconstitucional, la devolución de los dineros dependerá de si el fallo es retroactivo o no.
Adición presupuestal y medidas de alivio social
Paralelamente a la presión fiscal, el Ministerio de Hacienda aprobó una adición al Presupuesto General de la Nación por $8,6 billones. En particular, la UNGRD recibirá el 73% de estos recursos ($6,3 billones) para atender la crisis climática.
Otras medidas de la emergencia incluyen:
- Sector Energético: Suspensión del cobro de gas a usuarios afectados y facilidades de pago a 12 meses para estratos 1 y 2.
- Apoyo Crediticio: Respaldo del FNG de hasta el 90% en nuevos créditos para damnificados, con tasas de interés controladas.
- Flexibilidad Regional: Los gobernadores podrán modificar la destinación de sus recursos y contratar créditos de tesorería para atender la crisis.
Finalmente, el Gobierno también implementó la devolución automática de IVA para misiones diplomáticas mediante pagos electrónicos. No obstante, el mensaje del gremio empresarial, liderado por AmCham Colombia, es tajante: en lugar de ajustar el gasto público, el Ejecutivo vuelve a cargar al sector productivo, generando incertidumbre en la inversión y el dinamismo de las familias.
