Bogotá, 3 de marzo de 2026. La Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo de Gregorio Eljach, envió un concepto clave a la Corte Constitucional solicitando declarar inexequible la mayor parte del Decreto 1390 de 2025. El Ministerio Público argumenta que el Gobierno Nacional incluyó temas que no guardan relación directa con la crisis invocada.
De los seis puntos principales de la emergencia, el órgano de control solo avala los recursos destinados al aseguramiento en salud, dejando en vilo la financiación para defensa, sentencias judiciales y subsidios.
El examen de conexidad y necesidad
Para que un Estado de Excepción sea constitucional, las medidas deben ser una respuesta directa a hechos «sobrevinientes» o extraordinarios. En primer lugar, la Procuraduría sostiene que el Gobierno intentó tramitar problemas estructurales —como el pago de deudas atrasadas del Estado— mediante facultades de emergencia. Por esta razón, el concepto de 40 páginas advierte que el decreto vulnera el orden constitucional al saltarse el trámite ordinario del Congreso para asuntos que no son urgencias súbitas.
Sin embargo, la salud es la excepción en este análisis. En consecuencia, el procurador Eljach pidió salvar las disposiciones sobre el sistema de salud, calificándolas de «urgentes». La crisis financiera del sector, marcada por el déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sí cumpliría con los requisitos de necesidad para evitar un colapso en el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Los «reprobados» y el único «aprobado» según la Procuraduría
La siguiente tabla resume los puntos que la Procuraduría pide retirar del ordenamiento jurídico y la razón detrás de su postura:
| Punto de la Emergencia | Solicitud | Argumento Jurídico |
| Aseguramiento en Salud (UPC) | Salvar | Urgente para garantizar la vida y el derecho fundamental. |
| Recursos para Sector Defensa | Tumbar | No guarda relación directa con la crisis humanitaria invocada. |
| Atención por Desastres Naturales | Tumbar | Se pueden atender por vías legales ordinarias existentes. |
| Pago de Sentencias Judiciales | Tumbar | Es una obligación permanente, no un hecho sobreviniente. |
| Obligaciones Atrasadas del Estado | Tumbar | Corresponde a la gestión presupuestal ordinaria. |
| Protección a Líderes (UNP) | Tumbar | No es un agravamiento súbito, sino un problema estructural. |
El choque de trenes: La Corte rompe su jurisprudencia
Por otro lado, el caso tiene un matiz histórico. La Sala Plena de la Corte Constitucional ya había tomado una decisión inédita: suspender provisionalmente la emergencia mientras decide de fondo. Asimismo, el Gobierno ha radicado solicitudes de nulidad, argumentando que la Corte no tiene la facultad de suspender decretos legislativos antes de emitir un fallo final. Este pulso jurídico ha generado una tensión institucional sin precedentes desde 1994.
Impacto Financiero: El déficit de la salud
Finalmente, la discusión técnica se centra en los números de la salud. Para 2026, la Adres proyecta girar $101 billones para la UPC. No obstante, las EPS reportan una siniestralidad del 109,5%, lo que arroja un déficit proyectado de $5,95 billones.
Para la Procuraduría, aunque la emergencia general sea inconstitucional, el Estado debe encontrar la forma de cerrar esta brecha presupuestal para evitar el cese de servicios.
