Bogotá, 23 de febrero de 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, citó hoy a la cúpula bancaria para formalizar el decreto de inversiones forzosas. La medida obligaría a los bancos a destinar recursos de los ahorradores a sectores específicos (como pymes y agro), buscando mitigar el impacto del alza del 23,7% en el salario mínimo. El sector financiero advierte que esto encarecerá los créditos para el resto de los colombianos.
El regreso de un mecanismo polémico
La reunión de hoy marca el inicio de una intervención directa en la asignación de capital del sistema privado. En primer lugar, el ministro Ávila argumenta que es necesario «masificar el crédito de fomento» para evitar que las pequeñas empresas quiebren ante los altos costos laborales de 2026. Por esta razón, el Gobierno planea canalizar estos recursos a través de entidades como Bancóldex y Findeter para ofrecer tasas compensadas.
Sin embargo, los gremios económicos ven un riesgo sistémico. En consecuencia, el anuncio ha generado una alerta sobre la disponibilidad de dinero para el consumo y la vivienda. Según analistas, obligar a los bancos a prestar a tasas bajas en sectores de alto riesgo podría desequilibrar sus balances, obligándolos a subir los intereses para el resto de los clientes para compensar la pérdida.
Impacto proyectado: ¿Qué dice el sector financiero?
Asobancaria, liderada por Jonathan Malagón, presentó proyecciones preocupantes sobre los efectos colaterales de este decreto:
| Indicador | Impacto Estimado | Consecuencia |
| Tasas de interés | Aumento de 50 a 100 puntos básicos | Créditos más caros para el ciudadano común. |
| Crecimiento PIB | Caída de 0,3 puntos porcentuales | Menor dinamismo en la economía nacional. |
| Ahorro | Reducción de rentabilidad | Posible afectación en los rendimientos de cuentas de ahorro. |
«Una medida como esta termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no garantiza un mayor crédito en los sectores a impulsar», advirtió Malagón.
¿Por qué ahora? El contexto de la «Emergencia Económica»
Por otro lado, el Gobierno justifica la urgencia de la medida bajo dos premisas:
- Crisis Climática: Atender la demanda de financiación derivada de la ola invernal.
- Meta de Recaudo: Respaldar la meta de $8 billones necesaria para el presupuesto nacional.
Finalmente, la tensión radica en que, mientras el Gobierno ve en las inversiones forzosas una herramienta de «democratización del crédito», los exministros de Hacienda y expertos consideran que es un retroceso hacia políticas de intervención que distorsionan el mercado y castigan al ahorrador. La reunión de este lunes será definitiva para conocer el porcentaje exacto de los depósitos que serán «congelados» para estas líneas obligatorias.
