Medellín, 4 de febrero de 2026. En el complejo ajedrez de la política tributaria colombiana, pocas voces resultan tan filosas y técnicas como la de Orlando Corredor Alejo. El abogado, contador, panelista y asociado del Centro de Estudios Tributarios de Antioquia (CETA) ha lanzado una advertencia que retumba en los pasillos del poder y en los balances de las empresas: Colombia atraviesa un «torbellino» normativo donde la seguridad jurídica se ha convertido en un bien de lujo.
Tras la histórica decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente los efectos del Decreto de Emergencia Económica de 2026, Corredor desglosa un panorama donde la resistencia regional y la claridad técnica son las únicas tablas de salvación para el contribuyente.
El «Frenazo» de la Corte: Un respiro en medio del caos
La suspensión del Decreto 1390 de 2025 por parte de la Corte Constitucional no es un evento menor. Para Corredor, representa el retorno a una «normalidad» que nunca debió alterarse bajo figuras excepcionales. El experto señala que, a partir de este hito jurídico, los contribuyentes deben esperar una estabilización de sus rutinas tributarias, operando bajo las reglas vigentes hasta diciembre del año pasado.
Sin embargo, la calma es chicha. Aunque los efectos del decreto están congelados, la Corte aún tiene pendiente el fallo de fondo. «Tener suspensión no significa que se haya caído la emergencia», advierte Corredor, subrayando que la incertidumbre solo desaparecerá cuando el alto tribunal emita una sentencia definitiva que sepulte las pretensiones del Ejecutivo de legislar por vía de excepción. Para el inversionista, este compás de espera es crítico; cada día de ambigüedad es un día de capital paralizado.
La Rebelión de Antioquia: «Pantalones» y autonomía
Uno de los puntos más álgidos de la coyuntura es la postura de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien junto a otros 16 mandatarios se declaró en «rebeldía jurídica» incluso antes del pronunciamiento de la Corte. Corredor califica esta acción como un hito sin precedentes en la historia administrativa del país.
Los departamentos aplicaron la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permite a los funcionarios abstenerse de cumplir una norma que contradice flagrantemente la Carta Magna. «Es la primera vez que unos gobernantes se pararon y dijeron: esto es inconstitucional», afirma con vehemencia el tributarista. Esta maniobra, que en su momento fue tildada de temeraria por el Gobierno Nacional, hoy es vista como un acierto jurídico que protegió las finanzas regionales de una carga tributaria impuesta sin el debido proceso legislativo.
La Tiranía Fiscal y el mito de «los más ricos»
Corredor Alejo introduce en el debate público un concepto punzante: la tiranía fiscal. Bajo esta óptica, el Estado pretende extraer recursos de manera desmedida utilizando una narrativa que divide a la sociedad. El experto cuestiona la retórica oficial que asegura que solo se está gravando a «las clases más ricas», señalando que, en la realidad económica colombiana, el umbral de riqueza se ha desplazado peligrosamente hacia abajo.
«Las clases más ricas de este país son los que ganan el salario mínimo y de ahí para arriba», sentencia Corredor. Para el analista, el Gobierno está jalando la cuerda para favorecer a un grupo minoritario en detrimento de los 49 millones de colombianos que, con su trabajo diario, sostienen el aparato estatal. Esta presión recaudatoria, lejos de generar equidad, asfixia el consumo y castiga el ahorro de la clase media, la verdadera columna vertebral del país.
Confianza inversionista: La esperanza en el criterio político
A pesar del panorama sombrío, Corredor mantiene una pizca de optimismo, aunque condicionado. La esperanza de que el país mejore, dice, es lo último que se pierde, pero el acierto no vendrá solo de los libros de leyes, sino de las urnas. «Más allá del elemento profesional, está el elemento político, y hay que acertar en las decisiones», explica, delegando en la ciudadanía la responsabilidad de corregir el rumbo mediante el voto informado.
El reto para el tributarista moderno es no resultar «atropellado» por el torbellino de normas que se expiden y se caen con la misma velocidad. En este escenario, el sano criterio y el juicio independiente se vuelven las herramientas más valiosas para asesorar a quienes todavía apuestan por producir en Colombia. La conclusión de Corredor es un llamado a la vigilancia: la tiranía fiscal se combate con argumentos técnicos, firmeza institucional y, sobre todo, con la defensa de la seguridad jurídica como pilar del desarrollo.
