Bogotá, 3 de febrero de 2026. El panorama político y económico de Colombia ha entrado en una fase de ebullición que recuerda a los finales de ciclo más convulsos de la región. En el ocaso de su mandato, el presidente Gustavo Petro parece haber abandonado la cautela técnica para abrazar una ofensiva populista de alto impacto, diseñada milimétricamente para influir en el tablero electoral de 2026.
La movida más reciente, y quizás la más incendiaria, fue el polémico Proyecto de Ley 347, una iniciativa que pretendía asfixiar de facto a las plataformas de movilidad como Uber, DiDi y Cabify.
Un retiro previsible
Aunque la presión ciudadana y el escándalo nacional obligaron al Ejecutivo a retirar el articulado anoche para supuestos «ajustes», el mensaje quedó claro: el Gobierno está dispuesto a sacrificar libertades económicas y el sustento de 1,2 millones de personas a cambio de consolidar el respaldo de gremios tradicionales, como el de los taxistas, en la víspera de las elecciones.
Esta estrategia, que combina aumentos salariales desproporcionados, subsidios directos y una retórica de confrontación, ha encendido las alarmas de expertos que ven cómo se gesta una bomba de tiempo económica que estallará en manos del próximo mandatario que asuma en agosto.
El asedio a las plataformas: ¿Regulación o aniquilación digital?
La controversia estalló cuando se conocieron los detalles del proyecto impulsado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte. Lejos de proponer un marco de convivencia o regulación para las nuevas economías digitales, la normativa planteaba un cerco administrativo sin precedentes. Los conductores particulares, que hoy encuentran en estas aplicaciones una válvula de escape al desempleo o una fuente de ingresos extra, se enfrentarían a inmovilizaciones de sus vehículos por hasta 120 días. Pero la agresividad del Estado no se detenía en el prestador del servicio; el usuario también pasaba a ser objetivo militar con multas proyectadas de $4,7 millones por viaje. Incluso, el proyecto incluía artículos que prohibían a funcionarios públicos opinar a favor de estos servicios y sancionaba a las propiedades horizontales que permitieran el acceso de estos vehículos.
José Daniel López, presidente de Alianza In, fue enfático al advertir que la iniciativa buscaba «aniquilar» un sector que ya cuenta con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia bajo el derecho humano a disfrutar de los avances tecnológicos. El retiro temporal del proyecto por parte de Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Supertransporte, bajo el argumento de «erradas interpretaciones», no ha logrado calmar las aguas.
Para los analistas, esta es una táctica clásica de «globo de ensayo»: lanzar una medida extrema para medir la resistencia y luego ajustarla, manteniendo viva la promesa política ante el gremio de los taxistas, un actor clave en la movilización electoral. Mientras tanto, la incertidumbre jurídica frena la inversión tecnológica en el país.
Salario mínimo y gasolina: El costo oculto del bienestar inmediato
La estrategia electoral del Gobierno Petro se apoya en dos pilares que tocan directamente el bolsillo de los hogares colombianos: el salario mínimo y el precio de los combustibles. El incremento del 23,7% en el salario mínimo, para situarlo en $2 millones, ha sido vendido como un hito de justicia social. Sin embargo, detrás del anuncio se esconde un riesgo inflacionario que el Banco de la República ha tenido que contrarrestar disparando las tasas de interés al 10,25%. Según exministros y analistas, este aumento dispara los costos de producción y, irónicamente, termina erosionando el poder adquisitivo que dice proteger. Colombia hoy enfrenta un déficit fiscal que supera el 7% del PIB, una cifra que limita cualquier margen de maniobra para el futuro inmediato.
En la misma línea se encuentra la reducción de $500 en el galón de gasolina, situándolo en $15.557. Aunque para el ciudadano representa un alivio, el trasfondo político es evidente: después de haber subido el combustible en casi $7.000 durante todo su periodo, el Gobierno aplica una rebaja cosmética justo antes de las elecciones. Expertos como Sergio Cabrales señalan que, de acuerdo con los precios internacionales, la reducción podría ser de hasta $3.000, lo que sugiere que el Ejecutivo se está guardando «cartas de alivio» para lanzarlas paulatinamente según avance la campaña de figuras afines como Iván Cepeda. Este uso de los precios regulados como herramienta proselitista desvirtúa la función técnica de los fondos de estabilización y compromete las finanzas públicas.
Burocracia y clientelismo: La expansión del aparato estatal
No se puede entender la actual ofensiva gubernamental sin mirar la expansión burocrática denunciada por sectores de la oposición. Figuras como Germán Vargas Lleras han señalado un uso «descarado» del presupuesto para crear miles de nuevos cargos en entidades como Colpensiones, la UNP y diversos ministerios. Se estima que este gasto de funcionamiento supera los $600.000 millones, destinados a lo que se denomina popularmente como «corbatas electorales». Esta expansión no solo infla el gasto público en un momento de crisis, sino que busca asegurar lealtades en las urnas mediante el clientelismo institucionalizado, garantizando que la maquinaria estatal trabaje en favor de la continuidad del proyecto político de Petro.
A esto se suma la entrega directa de subsidios como el bono pensional, que pasó de $80.000 a $230.000 para más de un millón de adultos mayores. Al no lograr que su reforma pensional superara todos los obstáculos legales en el Congreso, el mandatario optó por utilizar recursos directos del Presupuesto Nacional para ejecutar el beneficio. Si bien el impacto social es positivo para una población vulnerable, la falta de una fuente de financiación sostenible a largo plazo —estimada en $8,3 billones— deja una carga financiera insostenible para la próxima administración. Es el triunfo de la percepción de bienestar momentáneo sobre la responsabilidad fiscal de Estado.
El legado de la incertidumbre: ¿Qué recibirá el próximo gobierno?
El «remate» del mandato de Petro se perfila como una carrera de obstáculos para quien asuma el poder en agosto de 2026. Al silenciar las alarmas de organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el Ejecutivo está construyendo un relato de prosperidad que choca frontalmente con la realidad de un endeudamiento agotado y un crédito externo prácticamente inexistente. Medidas como el desmonte de la prima de congresistas, aunque populares, son calificadas por juristas como Alfonso Gómez Méndez como movidas mediáticas de alto rendimiento político pero bajo impacto fiscal real, ya que su aplicación se difiere al próximo periodo legislativo.
El objetivo final parece ser «inflar» artificialmente la economía para asegurar un resultado electoral favorable, dejando las facturas por pagar para después de las votaciones. El riesgo es que, en su afán por consolidar un legado popular, el Gobierno esté forzando al país hacia una espiral de precios y gasto que termine en un ajuste traumático. La independencia del Banco de la República se mantiene como el último dique de contención frente al caos económico, pero la presión del gasto desbordado está forzando un escenario de crédito caro que castiga la inversión productiva. El país observa con cautela cómo los «ajustes» al proyecto contra las plataformas son solo una pausa en una estrategia que, por ahora, prioriza la urna sobre el indicador técnico.
