Bogotá, 2 de febrero de 2026. El ecosistema digital y de transporte en Colombia ha entrado en una fase de máxima alerta tras la radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026 por parte del Ministerio de Transporte.
Esta iniciativa, que busca reformar el régimen sancionatorio del sector, ha sido recibida por las plataformas de movilidad como Uber y Didi, y por el gremio Alianza In, como una declaración de guerra administrativa que podría forzar su salida definitiva del país.
El régimen de sanciones: ¿Regulación o persecución?
La controversia se centra en la severidad de los castigos propuestos. Según el articulado, el Gobierno Nacional pretende dotar a las autoridades de tránsito de herramientas punitivas sin precedentes. Para los conductores que utilicen sus vehículos particulares en estas aplicaciones, se establecen inmovilizaciones escalonadas: 60 días en la primera infracción, 90 días en la segunda y hasta 120 días para los reincidentes.
Esta medida, sumada a multas que podrían alcanzar los $4,7 millones por cada viaje realizado, ha sido calificada por Alianza In como un «régimen de persecución» que ignora la realidad económica de más de 100.000 familias que dependen de estos ingresos.
La visión de las plataformas: Innovación frente a retroceso
Desde las oficinas de Uber, la respuesta ha sido una defensa de la libertad de elección del ciudadano. La compañía sostiene que el proyecto confunde la innovación tecnológica con una amenaza a la seguridad, trasladando un debate que debería ser de «sentido común y visión de futuro» al terreno de la fuerza pública.
Para Uber, criminalizar el uso de una herramienta digital no protege al usuario, sino que pone en riesgo la integridad de conductores de taxi, arrendadores de vehículos y familias enteras que hoy conviven en un ecosistema de movilidad híbrido.
Por su parte, José Daniel López, presidente de Alianza In, ha sido enfático en que este proyecto representa el retroceso más grave en materia de innovación que haya enfrentado el país. Según López, el esquema de multas desproporcionadas —que incluye sanciones de hasta $2.179 millones para las empresas tecnológicas— busca la prohibición absoluta de un modelo que el mundo moderno ya ha integrado mediante regulaciones inteligentes.
El dilema del Gobierno: ¿Nivelar la cancha o cerrar fronteras?
El Ministerio de Transporte argumenta que la norma actual, con más de 40 años de antigüedad, es obsoleta frente a las nuevas dinámicas del mercado. Su objetivo declarado es combatir la informalidad y garantizar la seguridad del pasajero mediante una supervisión rigurosa que hoy solo recae sobre el transporte público formal.
Sin embargo, el costo social de una prohibición efectiva es alto: se estima que la desaparición de estas aplicaciones dejaría un vacío en la oferta de movilidad que el sistema de transporte masivo y los taxis tradicionales aún no logran cubrir en su totalidad durante las horas pico.
Hacia una resolución en el Congreso
El debate legislativo que comienza ahora será uno de los más observados del 2026. Mientras el gremio de taxistas presiona por la aprobación del proyecto para frenar lo que consideran «competencia desleal», las plataformas apelan a los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que han defendido previamente el derecho a la tecnología.
El rumbo que tome el Congreso definirá si Colombia se une a la tendencia global de movilidad colaborativa regulada o si opta por un modelo de control estatal restrictivo que podría marcar el fin de una era para la economía digital en el país.
