Bogotá, 30 de enero de 2026. La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la emergencia económica ha generado un respaldo unánime entre los principales gremios del país. La medida, que frena de inmediato la intención del Gobierno de recaudar nuevos tributos y aplicar decretos excepcionales, fue calificada por AmCham Colombia, la Andi y Analdex como un triunfo de la institucionalidad y la seguridad jurídica en 2026.
Al suspender los efectos del decreto mientras se realiza el estudio de fondo, el alto tribunal evita que se concrete un recaudo basado en normas que podrían ser declaradas inconstitucionales, protegiendo así el flujo de caja de empresas y ciudadanos.
Un hecho previsible, no extraordinario
El núcleo del debate jurídico reside en si la situación del país justificaba poderes excepcionales. Según María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, los hechos invocados por el Ejecutivo son estructurales y previsibles, lo que exige soluciones permanentes a través del Congreso y no medidas de excepción.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, coincidió al señalar que existe un consenso nacional sobre la inexistencia de causales para la declaratoria. Para los líderes gremiales, la suspensión es una noticia vital para la defensa del Estado de Derecho, impidiendo que se legisle sobre situaciones que el Estado ya podía gestionar por vías ordinarias.
El sector externo advierte daños a la economía
Desde el frente del comercio exterior, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, celebró la decisión al considerar que busca evitar «daños a la economía nacional». Para el gremio, no existe un hecho sobreviniente que justifique saltarse los canales democráticos habituales. Díaz enfatizó que la suspensión provisional es una medida prudente mientras se efectúa el análisis de fondo, garantizando que el sector privado no sea afectado por gravámenes que carecen de sustento constitucional.
El impacto fiscal en los departamentos
Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la imposición de impuestos al consumo, como el IVA del 19% a licores y tabaco, una medida rechazada por varios gobernadores. Los gremios advierten que estos tributos, además de afectar a sectores productivos, generan incertidumbre fiscal en las regiones y afectan la gobernabilidad local.
La independencia de la Corte evitaría que se concrete un impacto negativo en la economía familiar. El proceso de control de constitucionalidad continuará en los próximos meses, pero la suspensión actual elimina, por ahora, el riesgo de una escalada tributaria vía decreto.
En síntesis
La suspensión de la emergencia económica envía un mensaje de calma a los mercados internacionales y a los contribuyentes. Al frenar la creación de impuestos sin debate legislativo, la Corte Constitucional reafirma que los problemas estructurales de Colombia deben tramitarse bajo el rigor democrático tradicional. Para el sector privado, esta decisión representa estabilidad operativa y la garantía de que las reglas del juego no cambiarán de forma sorpresiva durante el primer semestre de 2026.
