Bogotá, 16 de enero de 2026. Un bloque de 20 gobernadores declaró resistencia abierta al decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, considerándolo un atentado a la autonomía territorial. Los mandatarios, liderados por Antioquia, Valle, Meta y Tolima, anunciaron tres frentes: tutelas masivas, inaplicación vía excepción de inconstitucionalidad y solicitud de audiencia ante la Corte Constitucional.
El Gobierno respondió con advertencias legales, exigiendo que las regiones respondan con recursos propios por cualquier recaudo no ejecutado, intensificando una confrontación centro-periferia sin precedentes recientes.
¿Qué desencadenó la rebelión regional?
En una cumbre en Bogotá, 20 de los 32 gobernadores rechazaron el decreto de emergencia económica, que busca recaudar cerca de 16 billones para salud y deuda externa mediante ajustes tributarios, especialmente IVA al 19% en licores (excepto cerveza) y modificaciones en impuestos al tabaco.
Los mandatarios argumentan vulneración a la autonomía fiscal (Constitución 1991) y afectación desproporcionada a rentas departamentales de monopolios como licores y cigarrillos, vitales para hospitales y deporte regional.
Incluso aliados como Luis Alfonso Escobar (Nariño) se sumaron. La estrategia incluye «tutelatón», excepción de inconstitucionalidad (inaplicación temporal) y audiencia directa en la Corte, que tardará al menos un mes en fallar.
¿Por qué esta confrontación es crítica?
El conflicto revela tensión estructural entre centralismo fiscal y descentralización. El decreto usa facultades excepcionales (art. 215 CP) para recaudar sin Congreso, pero gobernadores ven invasión a competencias exclusivas en rentas propias.
Analogía útil: como un arrendatario que impone nuevos cánones en una propiedad compartida sin consultar copropietarios, el Ejecutivo central busca recursos nacionales afectando ingresos autónomos departamentales.
La excepción de inconstitucionalidad permite suspender aplicación hasta fallo de Corte, evitando «perjuicio irremediable». El Gobierno califica esto como «exabrupto jurídico» y amenaza con demandas por prevaricato, exigiendo compensación por recaudo perdido.
Estrategia de los Gobernadores vs. respuesta Gobierno
| Frente Gobernadores | Acción Principal | Respuesta Gobierno |
|---|---|---|
| Tutelatón | Acciones de tutela masivas por vulneración derechos | Advertencia acciones legales |
| Excepción inconstitucionalidad | Inaplicación temporal decreto en territorios | Posible demanda por prevaricato |
| Audiencia Corte | Delegación explica impacto regional a magistrados | Defensa legalidad facultades excepcionales |
| Impacto estimado | Protección rentas licores/cigarrillos | Exigencia compensación recaudo no ejecutado |
¿Cómo impacta esta situación al ciudadano común?
Para el ciudadano común en Antioquia o departamentos rebeldes, el conflicto genera incertidumbre: si prevalece inaplicación temporal, precios de licores/cigarrillos se mantienen estables, evitando alza inmediata y contrabando.
Sin embargo, menor recaudo departamental podría recortar inversión en hospitales, escuelas y vías, afectando servicios públicos financiados con estas rentas.
En regiones como Nariño o Tolima, dependencia de monopolios hace crítica la disputa: encarecimiento incentivaría ilegalidad, reduciendo ingresos legales y seguridad pública. El limbo jurídico afecta empresas del sector, sin claridad en impuestos aplicables.
¿Qué escenarios plantea el conflicto?
La Corte Constitucional decidirá en al menos un mes, evaluando necesidad, proporcionalidad y no sustitución del Congreso. Históricamente estricta con estados de excepción.
Escenarios:
- Fallo favorable regiones: Declara inconstitucional medidas tributarias, preservando autonomía y forzando reforma ordinaria.
- Aval al decreto: Obliga aplicación, con posible compensación central o ajustes presupuestales departamentales.
- Parcial: Suspende aspectos controvertidos, permitiendo recaudación alternativa.
El precedente fortalecerá o debilitará descentralización fiscal en futuras emergencias, mientras tensión política podría escalar demandas cruzadas.
En síntesis
20 gobernadores declararon resistencia al decreto de emergencia económica de Petro mediante tutelas, excepción de inconstitucionalidad y solicitud de audiencia en Corte. El Gobierno respondió con amenazas legales y exigencia de compensación por recaudo perdido. La controversia centra en autonomía territorial versus necesidades fiscales nacionales, con impacto directo en rentas departamentales de licores y cigarrillos. El fallo de la Corte Constitucional, esperado en al menos un mes, determinará aplicación y alcance de las medidas.
