Florida, Estados Unidos. 3 de enero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en rueda de prensa desde Mar-a-Lago que su país administrará Venezuela de forma interina hasta lograr una transición segura, tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero de 2026.
Detalles de la operación ‘Resolución Absoluta’
La intervención, denominada Operation Absolute Resolve por el Estado Mayor Conjunto, involucró ataques aéreos selectivos en Caracas y regiones circundantes, incluyendo el Fuerte Tiuna y el aeropuerto La Carlota. Unidades élite, lideradas por Delta Force, ejecutaron la extracción de Maduro y Flores en menos de tres horas, con rendición reportada y sin bajas estadounidenses.
El general Dan Caine describió la misión como precisa y discreta, basada en meses de planificación e inteligencia interinstitucional. Trump destacó la desactivación de sistemas eléctricos para facilitar la operación, calificándola como una demostración histórica de capacidad militar.
Maduro y Flores fueron trasladados al USS Iwo Jima y posteriormente a Nueva York, donde enfrentarán juicio por cargos federales.
Cargos judiciales confirmados
La fiscal general Pamela Bondi anunció la imputación en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración relacionada. Estos cargos actualizan acusaciones previas de 2020 vinculadas al presunto Cartel de los Soles.
Planes para la transición y sector petrolero
Trump indicó que Estados Unidos mantendrá control temporal para evitar influencias externas y garantizar estabilidad. Empresas petroleras estadounidenses invertirán en rehabilitación de infraestructura deteriorada, con el objetivo de generar ingresos para Venezuela y estabilizar su producción.
Se mantiene el embargo sobre petróleo venezolano hasta cumplimiento de condiciones estadounidenses. No se descarta presencia militar terrestre si fuera necesario, aunque se prioriza una segunda oleada solo en caso de requerimiento.
Reacciones internas en Venezuela
La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió prueba de vida y denunció bajas militares y civiles. Diosdado Cabello llamó a la calma desde Caracas, afirmando estabilidad institucional. El gobierno declaró estado de excepción y activó defensas nacionales.
Implicaciones macroeconómicas y financieras
La captura de Maduro y la administración interina estadounidense generan volatilidad inmediata en mercados energéticos. Los precios del crudo Brent y WTI registraron alzas superiores al 6% en sesiones iniciales del 3 de enero, ante incertidumbre sobre exportaciones venezolanas, ya restringidas por sanciones previas.
Deuda soberana y obligaciones de PDVSA enfrentan riesgos de reestructuración acelerada en un contexto de transición prolongada. Persistencia de controles cambiarios limitaría flujos de inversión extranjera en el corto plazo, impactando balanzas comerciales regionales y remesas.
Una estabilización con participación de empresas estadounidenses podría acelerar recuperación de producción petrolera, con proyecciones de incrementos significativos en 24-36 meses tras rehabilitación de infraestructura. Esto beneficiaría estabilidad de commodities globales y reducción de presiones migratorias en países receptores.
Analistas estiman que la resolución judicial en Nueva York y la evolución institucional definirán riesgos para inversores en activos emergentes, con efectos directos en volatilidad energética y atracción de capital extranjero en hidrocarburos.
Este desarrollo redefine dinámicas geopolíticas en América Latina, con impactos en políticas comerciales y flujos de capital regionales.
