Bogotá, 31 de diciembre de 2025. La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) expresó su “profunda preocupación” por el impacto combinado del incremento del 23,7% al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026 –que lleva el ingreso total a $2.000.000– y las reformas laborales recientes (reducción jornada a 42 horas y ampliación recargo nocturno desde las 7:00 p.m.). El gremio estima que el costo del servicio de vigilancia privada subirá más de 30 % en apenas seis meses, afectando conjuntos residenciales, pymes y usuarios finales.
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, advirtió: “En menos de seis meses, el cliente recibirá un aumento del 30%. Muchas administraciones de conjuntos y pequeñas empresas no podrán contratar el servicio o reducirán vigilantes, traduciéndose en mayor desempleo, menos contratación, menos ingresos empresariales y fiscales”.
Desglose del encarecimiento
- Salario mínimo +23,7 %: impacto directo en nómina (sector intensivo en mano de obra).
- Reforma laboral: reducción jornada (46 a 42 horas) + recargo nocturno extendido (7:00 p.m. a 6:00 a.m.) generan +7 % adicional en tarifas.
Ejemplo concreto: servicio con tres vigilantes en turnos 24 horas pasa de $19.304.355 mensuales actuales a un valor significativamente superior en 2026.
Díaz alertó sobre riesgo de informalidad rampante: “Usuarios buscarán alternativas ilegales más baratas, sin obligaciones laborales ni requisitos tecnológicos. Aunque aparenten ahorro, representan riesgo para seguridad y legalidad”.
Efectos en cadena: formalidad, empleo y costo de vida
- Formalidad laboral: informalidad ya en 57-58 %; altos costos dificultarán contratación formal.
- Empleo: posible reducción de vigilantes contratados o cierres en empresas del sector.
- Usuarios: mayor gasto para hogares (conjuntos residenciales, pymes), presionando presupuestos.
Confevip insistió que, aunque vigilantes recibirán mejor remuneración, el traslado de costos elevará gasto familiar y podría incentivar soluciones informales/ilegales, perjudicando seguridad ciudadana.
En un 2026 con reforma laboral plena y emergencia económica, el gremio ve la medida como amenaza a sostenibilidad del sector –clave en seguridad privada– y formalidad laboral.
