Bogotá, 31 de diciembre de 2025. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su rechazo al incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) decretado por el Ministerio de Salud para 2026, que se situó en promedio alrededor del 9% (diferenciado entre regímenes contributivo y subsidiado). El gremio calificó la decisión como “insuficiente” y advirtió que profundizará la crisis financiera de las EPS, con un déficit operativo estimado de $10,2 billones en 2025 y proyecciones de brecha mayor para el próximo año.
En comunicado, Andi enfatizó: “El ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica bajo responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda y el DNP. Un incremento inferior al necesario –en un contexto de población más deteriorada, costos médicos al alza por salario mínimo e inflación– afectará acceso de colombianos al sistema de salud”.
Análisis de Andi: brecha de recursos y riesgos
El gremio proyectó que, con el aumento decretado, el sistema requeriría $113,4 billones en total. Considerando otras fuentes de ingresos (proyección conservadora), el aporte del Presupuesto General de la Nación debería ser de $45,9 billones, dejando apenas $2,5 billones para otros usos.
Andi instó al Ministerio de Salud a reconsiderar y apropiar estos recursos respetando usos aprobados por Congreso.
Para el régimen contributivo, el ajuste (9 %) no reconoce todos los costos de atenciones, generando déficit estimado de $3,7 billones. Estos recursos “dejarían de llegar a clínicas, hospitales, médicos, enfermeras y pacientes”.
Cifras clave del sistema de salud 2025-2026
- Siniestralidad 2025: 105,9 % (por cada $100 ingresados a EPS, gastan $106 en atenciones, sin contar administrativos).
- Déficit operativo 2025: $10,2 billones.
- UPC requerida para estabilizar 2026: mínimo 15,6 % (estimación Andi).
- Aporte PGN proyectado: $45,9 billones con UPC actual.
Contexto: UPC y sostenibilidad del sistema
La UPC –valor per cápita anual que el Estado paga a EPS por afiliado– es clave para financiamiento del sistema. El ajuste decretado busca equilibrio, pero gremios como Andi argumentan que subestima presiones por salario mínimo (+23,7 % para 2026), inflación y mayor demanda de servicios.
En un año con emergencia económica y ajustes fiscales, el debate sobre UPC resalta tensión entre contención de gasto público y sostenibilidad de la salud.
Andi reiteró llamado a decisiones técnicas que garanticen acceso oportuno y calidad para usuarios.
