Bogotá, 29 de diciembre de 2025. La decisión del Gobierno Nacional de decretar un incremento del 23,7% al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026 –llevando el ingreso base a $1.746.882 y el total con auxilio de transporte a $2.000.000– desató una ola de críticas por parte de los principales gremios empresariales. ANDI, Fenalco y ACRIP calificaron la medida como unilateral, populista e irresponsable, alertando sobre impactos negativos en inflación, empleo formal, competitividad y finanzas públicas, especialmente en un contexto de declarada emergencia económica.
El anuncio –hecho por el presidente Gustavo Petro tras cierre de mesas de concertación sin acuerdo tripartito– representa el mayor aumento en décadas y supera ampliamente la inflación proyectada (5-6%) y propuestas de gremios (alrededor de 10-12%).
ANDI: “Riesgos significativos para hogares y economía”
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lamentó la ausencia de diálogo tripartito, mecanismo constitucional para estas discusiones. En comunicado, el gremio advirtió que la decisión unilateral genera riesgos significativos:
- Aumento de inflación y precios de bienes/servicios, afectando especialmente a hogares vulnerables.
- Impacto negativo en empleo formal y competitividad.
- Presión adicional en gasto público (~$400.000 millones por cada punto porcentual de incremento).
Bruce Mac Master, presidente de ANDI, fue tajante: “Decisiones populistas generan ilusión de beneficio inmediato, pero son insostenibles. Afectar inflación, empleo, informalidad y tasas de interés para aparentar generosidad –pagada por pymes y empresas formales– es uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”.
ANDI criticó exclusión de empleadores y trabajadores en discusiones laborales durante el Gobierno (reformas pensional y laboral), extendida ahora al salario mínimo con la introducción unilateral del concepto “ingreso mínimo vital”.
Fenalco: “La Mesa fue una farsa y burla institucional”
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, rechazó categóricamente la medida, que calificó de irresponsable y desproporcionada: “La Mesa de Concertación fue una farsa. Desde el inicio se sabía que no se considerarían variables técnicas, económicas ni productividad. El aumento del 23 % es pan para hoy y hambre para mañana”.
El gremio alertó sobre efectos en una economía altamente indexada al salario mínimo:
- Ilusión de mayor ingreso nominal, pero erosión inmediata por alza generalizada de precios.
- Costo laboral mensual por trabajador ~$3.000.000 (salario, parafiscales, prestacionales).
- Golpe devastador a MiPyme (97 % tejido empresarial): riesgo de cierres, menos empleo y mayor informalidad.
- Presión en gasto público y límite para reducción de tasas de interés por BanRep.
Cabal concluyó: “Improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”.
ACRIP: “Incremento sobrepasa capacidad financiera de empresas”
La Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) expresó preocupación por el impacto en recursos humanos. El aumento del 23,7 % supera ampliamente proyecciones empresariales (estudio ACRIP: promedio esperado 6,2 % en salarios 2026, basado en >150 organizaciones).
ACRIP advirtió:
- Reto financiero/productivo para empresas, en año con implementación reforma laboral.
- Riesgo de brechas salariales y tensión organizacional.
El gremio rechazó nuevamente decisión por decreto: “Convierte asunto clave para colombianos en política, ignorando realidad empresarial”.
ACRIP llamó al Gobierno a acompañar sector en generación de empleo y control de gastos básicos indexados al SMLMV (no a inflación), evitando colapso financiero.
Contexto: mayor aumento reciente en emergencia económica
El incremento –superior a inflación y productividad– genera ganancia real para trabajadores (~17-18 % sobre inflación), pero alarma por efectos macro: presión inflacionaria, menor inversión y posible desempleo en sectores intensivos en mano de obra.
En un 2025 con inflación ~5,3 % y crecimiento ~2,9 %, gremios ven la medida como contradicción a declarada emergencia económica, priorizando impacto electoral sobre sostenibilidad.
