Bogotá, 20 de diciembre de 2025. En la primera reacción gremial de peso ante la intención del Gobierno de declarar un estado de emergencia económica para recaudar $16,3 billones en 2026, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, envió una carta a la Corte Constitucional solicitando que, de emitirse el decreto, se ordene su suspensión provisional. El líder gremial argumenta que la medida carece de fundamentos constitucionales: no existe hecho sobreviniente ni perturbación grave e inminente del orden económico.
Esta solicitud llega en un momento crítico: el Ministerio de Hacienda confirmó planes para la emergencia tras el hundimiento de la reforma tributaria, que dejó desfinanciado el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 en $16,3 billones (2,9 % del total de $546 billones).
Los argumentos clave de Mac Master: “Hechos previsibles, no sobrevinientes”
En la misiva, el presidente de ANDI desmonta punto por punto los motivos invocados por el ministro Germán Ávila (costos de deuda, deudas en salud, subsidios energía, falta de caja y rebaja de calificación crediticia):
- Origen en políticas del propio Gobierno: “Estos hechos tienen origen en acciones del mismo gobierno y fueron completamente previsibles, fruto de una política de gasto excesiva”.
- Caída en recaudos: “Previsible por sobreestimación de ingresos y devoluciones generadas por retenciones en la fuente insostenibles impulsadas por este Gobierno”.
Mac Master insiste: ningún elemento califica como “hecho sobreviniente” requerido por el artículo 215 de la Constitución.
¿Perturbación grave e inminente? “Solo 2,9 % del presupuesto”
El segundo argumento central: el faltante de $16,3 billones representa apenas el 2,9 % del PGN 2026. “No existe explicación clara ni suficiente para considerar que un faltante de esta magnitud perturbe de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país”, afirma.
Esta visión coincide con críticas de analistas como Luis Fernando Mejía (Fedesarrollo), quien señaló que el impacto es menor al 3 % y no justifica emergencia.
Solicitud expresa: suspensión provisional para evitar perjuicios irremediables
Mac Master pide a la Corte que, de expedirse el decreto –posiblemente en vacancia judicial–, decrete suspensión provisional: “Ante un decreto abiertamente inconstitucional emitido en periodo de vacancia, la Corte estaría habilitada para proteger el orden constitucional y evitar perjuicios irreparables a contribuyentes y economía nacional”.
El líder gremial ve riesgo de inseguridad jurídica y daño a la confianza inversionista si se imponen nuevos gravámenes (como patrimonio a personas jurídicas, GMF o impuestos a cigarrillos/hidrocarburos) sin debate legislativo.
Contexto: cuarta emergencia en la administración Petro
De declararse, sería la cuarta emergencia económica de Gustavo Petro (tras La Guajira, Catatumbo y fiebre amarilla) y la décima en tres años. El borrador conocido incluye gravámenes similares a la reforma caída, lo que intensifica el debate sobre abuso de facultades excepcionales.
Gremios minero-energéticos y empresariales ya preparan acciones legales. La Corte tendrá control automático de constitucionalidad, pero la suspensión provisional solicitada por ANDI podría frenar efectos inmediatos.
El pronunciamiento de Mac Master marca el inicio de una batalla jurídica y política que definirá el arranque fiscal de 2026: ¿emergencia legítima o exceso ejecutivo?
