Bogotá, 21 de noviembre de 2025. Diez senadores de partidos tradicionales radicaron una ponencia de archivo contra el proyecto de Ley de Financiamiento —reforma tributaria— del gobierno de Gustavo Petro, antes incluso de su presentación oficial por parte del Ministerio de Hacienda.
La iniciativa, que busca recaudar entre 12 y 15 billones de pesos adicionales para 2026, podría hundirse en primer debate al no contar con las mayorías necesarias en las comisiones económicas conjuntas del Congreso.
Firmantes de la ponencia de archivo
La ponencia fue suscrita por legisladores de cinco partidos:
- Partido Conservador: Efraín Cepeda y Liliana Bitar.
- Partido de la U: Juan Carlos Garcés.
- Cambio Radical: Antonio Zabaraín.
- Partido Liberal: Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa y Mauricio Gómez Amín.
- Centro Democrático: Jairo Castellanos (presidente Comisión Tercera), Ciro Ramírez y María Angélica Guerra.
Este bloque representa una coalición transversal de oposición y partidos independientes que, sumados, superan la mayoría simple requerida en las comisiones para archivar iniciativas.
Posición de las comisiones económicas
Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado (Partido Liberal), anticipó rechazo frontal: “Desde el Senado defendemos el bolsillo de los colombianos y decimos no a la Ley de Financiamiento”. Calificó la propuesta como “reforma de recaudo desesperado” que impactaría la canasta familiar mediante incrementos en IVA a gasolina y otros bienes de consumo básico.
La presentación oficial del proyecto por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, está programada para el martes 25 de noviembre ante las comisiones Tercera y Cuarta conjuntas de Senado y Cámara.
Contenido esperado de la reforma
Aunque el texto definitivo no ha sido radicado, filtraciones y anuncios previos indican medidas como:
- Incremento gradual del IVA a gasolina y ACPM.
- Ampliación de bases gravables en renta para personas naturales de altos ingresos.
- Nuevos gravámenes a plataformas digitales y comercio electrónico.
- Ajustes en deducciones y exenciones corporativas.
El gobierno busca cerrar un déficit fiscal proyectado en 5,2 % del PIB para 2026 y financiar gasto social adicional, en un contexto donde el Marco Fiscal de Mediano Plazo exige ajuste estructural de 2-3 puntos del PIB.
Implicaciones políticas y fiscales
La ponencia de archivo anticipada evidencia fractura en la coalición de gobierno, con pérdida de apoyo en partidos tradicionales (Liberal, Conservador, La U) que fueron clave en la aprobación de la reforma tributaria de 2022. La ausencia de mayorías en comisiones económicas —donde el oficialismo no controla la presidencia— virtually garantiza el hundimiento en primer debate, salvo negociaciones de última hora o mensaje de urgencia con adiciones ministeriales.
Para la administración Petro, el fracaso de esta reforma complicaría el cumplimiento de metas fiscales 2026, forzando recortes en inversión social o mayor endeudamiento. Analistas estiman que sin recaudo adicional, el déficit primario podría superar el 1 % del PIB, presionando la regla fiscal y la calificación crediticia soberana (BBB- estable por Fitch y S&P).
En el Congreso, el episodio refuerza la fragmentación política a un año de elecciones legislativas, donde el Pacto Histórico mantiene minoría estructural. Partidos de centro y derecha capitalizan el rechazo a nuevos impuestos en un contexto de inflación acumulada superior al 8 % en alimentos y combustibles durante 2025.
La presentación del 25 de noviembre será decisiva: de no lograrse acuerdo en ponencia alternativa, el proyecto quedería archivado automáticamente al no alcanzar mayoría para continuar trámite, configurando el segundo revés tributario mayor del gobierno Petro tras modificaciones sustanciales a la reforma de 2022.
