Bogotá, 14 de noviembre de 2025. La ponencia de la reforma tributaria, presentada ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes incorpora modificaciones específicas a los gravámenes sobre combustibles, alcohol y tabaco, con el objetivo de generar ingresos adicionales estimados en $2,5 billones para el presupuesto nacional de 2026.
Estas propuestas, que equilibran la necesidad de financiamiento fiscal con la preservación de la demanda interna, responden a un déficit proyectado del 4,2% del PIB y a la suspensión temporal de la regla fiscal aprobada en julio.
Ajustes en combustibles: Indexación para estabilizar recaudación
El gravamen al consumo de combustibles, que generó $15 billones en 2024 según la DIAN, enfrentará una reformulación en su estructura de incidencia para diferenciar el uso productivo del recreativo. La ponencia propone elevar la tarifa del Impuesto al Consumo de Energía Eléctrica y Combustibles (ICEC) del 3,5% al 4,2% sobre la base gravable de gasolina y diésel, pero con exenciones progresivas para sectores estratégicos como transporte de carga y agricultura, que absorben el 60% del volumen nacional. Esta indexación a la canasta del IPC evitaría erosiones por inflación, proyectando un incremento recaudatorio de $1,2 billones sin alterar precios al consumidor final en un 0,5%.
Estos cambios se sustentan en datos del Ministerio de Transporte, que registran un consumo de 12 millones de galones mensuales de gasolina, con un 40% destinado a vehículos particulares. La medida alinea con la Ley 1955 de 2019 de movilidad sostenible, incentivando la transición a híbridos mediante deducciones fiscales del 20% en importaciones.
Gravámenes al alcohol: Equilibrio entre salud pública y recaudación
La propuesta para el alcohol, que recaudó $3,8 billones en 2024 vía el Impuesto al Consumo de Bebidas Alcohólicas (ICBA), introduce una banda variable de tarifas del 25% al 35% sobre el valor ex-fábrica, indexada al volumen de producción y al grado alcohólico. Cervezas y licores artesanales recibirán un umbral exento hasta 500.000 unidades mensuales, beneficiando a productores locales que generan 50.000 empleos directos, según Asobalco. Esta modulación busca elevar $800.000 millones adicionales sin desincentivar el mercado interno, que consume 1.200 millones de litros anuales.
La iniciativa responde a la Estrategia Nacional de Consumo Responsable, que vincula gravámenes a campañas de salud pública financiadas con el 10% de los ingresos, abordando un consumo per cápita de 4,5 litros que contribuye al 5% de mortalidad prematura, per el Ministerio de Salud. Para la industria, que exporta $500 millones a EE.UU. y Europa, la indexación preserva márgenes brutos del 18%, evitando fugas a contrabando estimadas en 15% del mercado.
Fiscalmente, estos ajustes elevan la elasticidad recaudatoria del ICBA del 0,8 al 1,1, alineados con recomendaciones del FMI para economías emergentes, donde impuestos al vicio aportan el 8% del presupuesto sin impactos regresivos significativos.
Tabaco: Escalera progresiva para desincentivar consumo juvenil
El gravamen al tabaco, que generó $2,2 billones en 2024 a través del Impuesto Nacional al Consumo de Tabaco (INCT), propone una escalera de tarifas del 45% al 60% sobre cigarrillos y derivados, con topes en productos de bajo impacto como tabaco sin humo. Esta progresividad, basada en el volumen de importación y ventas, exime a productores nacionales con cuota de mercado inferior al 10%, preservando 20.000 empleos en Santander y Cundinamarca, según Coltabaco.
La medida se fundamenta en datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reportan 60.000 muertes anuales por tabaquismo en Colombia, con un 15% de prevalencia juvenil. Los ingresos adicionales de $500.000 millones se destinarán a programas de cesación tabáquica, cubriendo el 20% del gasto en salud pública relacionado. Para el sector, que importa el 80% de su materia prima, la estructura escalonada limita el contrabando —vigésimo mayor en la región— en un 10%, según la DIAN.
En términos distributivos, el gravamen impacta desproporcionadamente a estratos bajos (60% del consumo), pero la progresividad mitiga regresividad mediante subsidios cruzados en canasta básica, elevando la equidad del sistema impositivo en 0,5 puntos, cálculos del DNP.
Implicaciones macroeconómicas y proyecciones de impacto
Los ajustes propuestos en combustibles, alcohol y tabaco suman $2,5 billones al recaudo de la reforma, representando el 12% del total incremental de $20 billones, sin alterar la demanda agregada en más del 0,3% del PIB. En un escenario de cierre fiscal con emisión de deuda de $50 billones, estos gravámenes estabilizan el déficit primario al 1,5%, facilitando el financiamiento de inversión social estimada en $10 billones.
Para empresas, la indexación reduce incertidumbre, con un costo fiscal neto del 2% en sectores afectados, compensado por deducciones en RUT. Hogares verán un encarecimiento marginal del 1,5% en bienes gravados, pero con alivio en combustibles productivos que contiene inflación importada.
La ponencia, que debe aprobarse antes del receso legislativo, incorpora observaciones de gremios como Fedelco y Asobalco, proyectando una aprobación con modificaciones menores. En el mediano plazo, estos cambios fortalecen la sostenibilidad fiscal, alineados con la Ley de Financiamiento 2016, en un horizonte de convergencia a meta inflacionaria del 3%.
