Bogotá, 10 de noviembre de 2025. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) ha presentado un proyecto de decreto que eleva los aranceles de importación para automóviles y motocicletas impulsados por motores de combustión interna, con el fin de desincentivar tecnologías contaminantes y fomentar la reindustrialización automotriz sostenible. La medida establece un recargo de hasta el 40% para vehículos de pasajeros (partida arancelaria 87.03) y del 35% para motocicletas (partida 87.11), aplicable a importaciones no amparadas por tratados de libre comercio (TLC). Esta propuesta, que entraría en vigor entre 15 y 90 días tras su publicación en el Diario Oficial, se enmarca en la transición energética nacional, pero genera debate sobre sus efectos en precios y accesibilidad para el consumidor promedio.
En un sector automotor que representa el 2,5% del PIB colombiano y genera más de 100.000 empleos directos, según datos de la Andi, el arancel responde a la dependencia del 95,9% de la matriz energética en combustibles fósiles —petróleo, queroseno, gasolina y diésel—, como detalla el documento oficial del MinCIT. La iniciativa busca mitigar la volatilidad de precios internacionales y el impacto ambiental, ya que el transporte motorizado contribuye con el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Para analistas del sector, esta política alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que prioriza la movilidad limpia, pero exige una evaluación rigurosa de sus repercusiones en la cadena de suministro y la demanda interna.
Justificación oficial y contexto arancelario
El proyecto de decreto excluye productos bajo regímenes preferenciales de TLC, como el con Estados Unidos o la Unión Europea, preservando competitividad en un 60% de las importaciones vehiculares. El MinCIT argumenta que el arancel incentivará la producción local de híbridos y eléctricos, sectores con un crecimiento del 150% en ventas durante 2025, impulsado por incentivos fiscales como exenciones en el impuesto de rodamiento y pico y placa. «La medida busca reducir la importación de vehículos contaminantes y promover alternativas limpias, en un contexto de incertidumbre sobre fuentes fósiles y su impacto ambiental», se lee en el texto oficial.
Este enfoque contrasta con la bonanza reciente del mercado: octubre de 2025 registró un aumento del 36,4% en ventas de vehículos nuevos, con 36.000 unidades matriculadas, según la Andi y Fenalco. Dentro de este repunte, los eléctricos alcanzaron un récord de 2.090 unidades, un 200% más que en el mismo mes de 2024, gracias a la expansión de infraestructura de carga —que superó las 1.500 estaciones públicas— y subsidios del Fondo Nacional de Movilidad Sostenible. No obstante, el 70% de las ventas aún corresponden a motores de combustión, lo que hace vulnerable al segmento de entrada.
Desde una perspectiva macroeconómica, el arancel podría generar ingresos fiscales adicionales de hasta 500.000 millones de pesos anuales para la DIAN, estimados en base a un volumen de importaciones de 150.000 vehículos en 2024. Sin embargo, esta recaudación se vería contrarrestada por una posible desaceleración en el consumo, en un país donde el parque automotor crece un 4% anual y la renovación vehicular es clave para la seguridad vial.
Impactos en precios y sectores afectados
La elevación arancelaria implicaría un encarecimiento directo en vehículos importados de combustión interna, trasladando el costo al consumidor final. Para motocicletas —con más de 11 millones de unidades registradas y ventas anuales cercanas a 800.000—, el 35% impactaría en segmentos de bajo cilindraje usados en transporte informal y trabajo, elevando precios en un 8-12% y potencialmente reduciendo la movilidad en zonas sin alternativas eléctricas viables.
El sector de ensambladoras locales, como Renault-Sofasa, podría beneficiarse con una cuota de mercado adicional del 5-7%, fomentando inversiones en baterías y componentes renovables. Sin embargo, importadores asiáticos —que suministran el 40% de la oferta— enfrentan presiones, con posibles represalias en cadenas de suministro globales.
En síntesis, el arancel del 40% representa un pivote hacia la descarbonización vehicular, pero su éxito dependerá de políticas complementarias que equilibren protección industrial con accesibilidad. En un mercado en expansión, la clave radica en transformar el costo arancelario en innovación competitiva, asegurando que la transición verde no se convierta en un lujo inaccesible para la mayoría de los colombianos.
