Bogotá, 8 de noviembre de 2025. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la decisión de eliminar la retención en la fuente del 1,5% propuesta inicialmente para pagos con tarjetas de débito y crédito, estableciendo una tarifa del 0% en el proyecto de decreto modificado.
Esta decisión, verificada por el director encargado de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, responde a la necesidad de garantizar fluidez en los sistemas electrónicos de pago, evitando fricciones en un sector que procesa 50 billones de pesos mensuales en transacciones digitales.
Anuncio oficial y objetivos de la modificación regulatoria
El cambio, confirmado en un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda y la DIAN, modifica el borrador inicial del decreto que buscaba captar recursos fiscales mediante retenciones automáticas en pagos con medios electrónicos. Ávila justificó la tarifa cero «para asegurar la confianza y transparencia en las transacciones, evitando cualquier barrera que desincentive el uso de tarjetas». Betancourt complementó que la verificación técnica del proyecto priorizó la interoperabilidad de sistemas como PSE y pagos QR, reduciendo riesgos de congestión en un 15% proyectado para 2026.
Esta ajuste se enmarca en la reforma tributaria de 2022, que estableció incentivos para pagos digitales con exenciones del 19% en IVA para transacciones electrónicas, y responde a datos del Banco de la República que indican un crecimiento del 20% anual en el uso de tarjetas, alcanzando 1.200 millones de operaciones en el tercer trimestre de 2025. Fiscalmente, la medida sacrifica recaudación estimada en 500.000 millones de pesos anuales, pero prioriza el impacto indirecto: un 1% de aumento en transacciones formales genera 0,2 puntos adicionales en el PIB mediante mayor trazabilidad y reducción de evasión, según modelos del DNP.
En el ámbito macroeconómico, la eliminación de la retención alivia presiones en el consumo privado, que representa el 65% del PIB, en un año donde la inflación se estanca por encima del 5% y el crédito de consumo crece solo al 4%. Para el sector financiero, que intermedia el 60% de pagos electrónicos, esta decisión optimiza costos operativos en un 5%, elevando márgenes netos de interés en 0,1 puntos porcentuales para entidades como Bancolombia y Davivienda.
Implicaciones para la formalización y la economía digital
La tarifa del 0% fomenta la adopción de pagos electrónicos, un pilar de la agenda de transformación digital del gobierno, donde el 70% de las pymes aún dependen de efectivo, limitando su acceso a crédito formal. Betancourt destacó: «La verificación confirma que esta exención impulsa la transparencia, reduciendo la informalidad en transacciones en un 10% proyectado para 2026». Datos de la Superintendencia Financiera indican que los pagos con tarjetas crecieron un 22% interanual en octubre, alcanzando 4 billones de pesos, un flujo que se acelera sin fricciones tributarias.
En términos sectoriales, la medida beneficia al comercio minorista y e-commerce, que procesan el 30% de transacciones digitales y generan 1,5 millones de empleos indirectos. Para el consumidor, elimina costos implícitos estimados en 50.000 pesos anuales por familia en comisiones ocultas, alineado con la meta de inclusión financiera del 80% para 2026. Económicamente, cada 10% de aumento en pagos electrónicos eleva la productividad laboral en 0,3 puntos, según el Banco Mundial, contribuyendo a la diversificación de la economía más allá de commodities.
Sin embargo, persisten desafíos: la brecha digital rural, donde solo el 40% tiene acceso a tarjetas, demanda inversiones de 200.000 millones de pesos en infraestructura fintech para cerrar el gap y maximizar el impacto de la exención.
Perspectivas macroeconómicas y oportunidades para el sector privado
La decisión de Hacienda y DIAN refuerza la confianza en transacciones digitales, un vector clave para la formalización en un país donde la informalidad absorbe el 40% del PIB. Ávila señaló: «Con esta modificación, garantizamos operaciones fluidas en sistemas electrónicos, promoviendo transparencia». Para 2026, se proyecta un crecimiento del 15% en pagos con tarjetas, elevando recaudación indirecta por IVA en 300.000 millones de pesos mediante mayor volumen transaccional.
Esta medida, en un año de déficit fiscal del 4,5%, prioriza el estímulo al sector privado, contribuyendo al objetivo de PIB del 3% para 2026 mediante mayor eficiencia en pagos y consumo. En un panorama de inflación controlada al 3% para 2026, el 0% en retenciones emerge como catalizador de formalidad, alineado con la Agenda de Transformación Digital que destina 500.000 millones de pesos a inclusión financiera.
