Bogotá, 5 de noviembre de 2025. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó un salario mínimo de 1.800.000 pesos para 2026, cifra que incluye el subsidio de transporte y equivaldría a un incremento del 11% respecto al actual de 1.623.500 pesos.
Esta propuesta, alineada con declaraciones previas del presidente Gustavo Petro, genera debate en el ámbito económico, con analistas como Luis Fernando Mejía de Fedesarollo y Giovanni Montoya Aldawe de Grupo Ágora enfatizando los riesgos de aceleración inflacionaria y erosión de la competitividad.
Contexto de la propuesta y su alineación con la concertación salarial
La sugerencia de Benedetti surge en el marco de la mesa de concertación salarial, instancia tripartita que negocia el ajuste anual considerando inflación, crecimiento económico y equidad. El salario mínimo actual, ajustado en un 12% para 2025, ya incorpora el subsidio de transporte, elevando el valor efectivo a 1.623.500 pesos. Un salto al 1.800.000 pesos implicaría un incremento real del 11%, superior a la inflación proyectada del 3,5% para 2025 por el Banco de la República, y alineado con el objetivo gubernamental de recuperación del poder adquisitivo perdido en años previos —estimado en un 15% acumulado desde 2020 debido a presiones pandémicas y geopolíticas.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, contextualizó la cifra: «Esa magnitud seguramente incluye el subsidio de transporte, porque comparado con el salario de este año, implicaría un aumento del 11%, similar al que mencionó el presidente Petro». Esta concertación, que involucra a centrales obreras, gremios empresariales y gobierno, debe equilibrar la demanda de 1,5 millones de trabajadores en el salario mínimo con la capacidad de absorción de micro y pequeñas empresas, que representan el 90% del tejido productivo colombiano y generan el 80% del empleo informal.
Presiones inflacionarias: El canal de traslado desde microempresas
Mejía advirtió sobre los riesgos de un ajuste superior a la inflación, que cerrará ligeramente por encima del 5% en 2025: «Aumentos muy por encima de la inflación pueden poner presiones importantes al alza en los precios, como está pasando este año». Colombia acumula cuatro meses de estancamiento inflacionario, con el IPC de septiembre en 5,3%, atribuible en parte al traslado de costos salariales. En un escenario donde el salario mínimo impacta directamente al 40% de la fuerza laboral, este mecanismo opera principalmente a través de microcomerciantes y servicios informales.
Consideremos un microempresario con márgenes operativos del 2-3%: un incremento salarial del 11% —que representa el 60% de sus costos variables— fuerza un ajuste de precios para preservar rentabilidad, elevando el IPC en 0,5-0,7 puntos porcentuales por cada 1% de aumento real, según modelos econométricos del Dane. Mejía ilustró: «Un comerciante pequeño con márgenes del 2-3% no tiene alternativa sino trasladar ese aumento al consumidor final». Este canal, que contribuyó a 1,2 puntos del IPC en 2025, podría presionar la meta del Banco Central (3% ±1%) y elevar la tasa de intervención en 25-50 puntos base, incrementando el costo del crédito en un 0,5% anual para el sector privado.
Para inversores en renta fija, esta dinámica implica volatilidad en bonos TES: un IPC superior al 5,5% podría erosionar yields reales en 1,5 puntos, afectando portafolios con exposición al 20% del PIB en consumo interno.
Competitividad y productividad: El desequilibrio estructural
Giovanni Montoya Aldawe, CEO de Grupo Ágora, extendió el análisis a la competitividad: «Los aumentos de salarios no los pagan los empresarios, los pagan los consumidores a través de variaciones en los precios, salvo en sectores con precios controlados, que no es el caso en Colombia». Un ajuste del 11% sin contrapartida en productividad —estancada en 0,2% anual desde 2022, según el DANE— genera un sobrecosto que reduce la competitividad exportadora en un 3-4%, particularmente en manufactura y agroindustria, sectores que representan el 25% del PIB.
Montoya enfatizó: «Un salario de esta magnitud se justifica en tanto la productividad crezca de manera comparativa. Lastimosamente, la productividad de la mano de obra no ha tenido grandes variaciones, como sí lo ha tenido el salario». En Colombia, el salario mínimo ha crecido un 45% acumulado desde 2018, mientras la productividad laboral solo un 12%, ampliando la brecha con pares como Chile (crecimiento del 25% en ambos indicadores). Este desbalance impacta indirectamente las tasas de interés —proyectadas al 8,5% para 2026— y la formalización laboral, donde la informalidad persiste en el 58% de la fuerza de trabajo.
Desde una óptica inversora, sectores intensivos en mano de obra como retail y servicios podrían ver márgenes EBITDA comprimidos en 2 puntos, recomendando diversificación hacia exportadores con cobertura cambiaria, donde el tipo de cambio real apreciado en 5% en 2025 mitiga presiones salariales.
Llamado a la prudencia en la concertación: Equilibrio entre equidad y estabilidad
Ambos expertos coinciden en un diálogo tripartito riguroso: «Hay que reconocer la pérdida del poder de compra a los trabajadores, pero también prudencia para evitar efectos negativos en inflación», urgió Mejía. Montoya agregó que, sin productividad subyacente, el aumento «afecta la inflación, disminuye la competitividad y no mejora en la práctica la calidad de vida». La concertación, que inicia formalmente en noviembre, debe incorporar escenarios econométricos del Ministerio de Trabajo, considerando un PIB proyectado del 2,8% y desempleo del 9,5%.
Este debate subraya riesgos en la política de ingresos: un aumento del 11% podría elevar el déficit fiscal en 0,3% del PIB por subsidios implícitos, presionando emisiones de deuda en un mercado donde el yield de TES a 10 años se ubica en 10,2%. Recomendaciones incluyen monitoreo del IPC núcleo y exposición a activos reales como commodities, con potencial de apreciación del 8% en portafolios diversificados. En un horizonte de meta inflacionaria del 3%, la prudencia en la concertación salarial emerge como factor clave para sostener la recuperación post-pandemia, equilibrando equidad con estabilidad macroeconómica.
