#CongresoCamacol. Barranquilla, 23 de octubre de 2025. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, expresó preocupación por el proyecto de decreto que amplía retenciones fiscales a transacciones digitales en comercios, al considerar que podría desincentivar la adopción de estos mecanismos y elevar la informalidad, contrarrestando avances como el sistema Bre-B de pagos inmediatos. En el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL que tiene lugar en la ciudad de Barranquilla, Mejía también cuestionó la viabilidad política de una reforma tributaria para recaudar 16 billones de pesos en un año preelectoral, y minimizó el impacto inmediato de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aunque advirtió sobre su efecto en la incertidumbre económica.
Mejía enfatizó que la retención del 1,5% –equivalente al 15 por mil– a pagos electrónicos «va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumentar la digitalización e incrementar la inclusión financiera». Argumentó que, al no gravar el efectivo, la medida incentivaría su uso, desviando el consumo hacia canales informales y frustrando el recaudo esperado por el Gobierno. «Infortunadamente, evitar que se consoliden estos mecanismos de pagos digitales podría llevar eventualmente también a que el recaudo que el Gobierno plantea tener de ese impuesto anticipado, de esa retención, pues que no se vaya a materializar», señaló.
El economista recordó que Bre-B, lanzado por el Banco de la República en 2023, representa un esfuerzo conjunto para modernizar pagos, con 1.500 millones de transacciones procesadas en su primer año. Una retención generalizada, según Mejía, afectaría desproporcionadamente a microempresas y hogares de bajos ingresos, retrasando la bancarización que ha pasado del 70% al 85% en adultos desde 2015, de acuerdo con el Banco Mundial.
Reforma tributaria: «Muy difícil» en año preelectoral
Mejía evaluó la reforma tributaria como improbable en el contexto político actual. Aunque el Congreso aprobó un recorte presupuestal de 10 billones de pesos, el desfinanciamiento restante asciende a 16 billones, lo que requeriría una reforma «la segunda más ambiciosa de la historia», solo por debajo de la propuesta inicial de Petro en 2022. «Muy difícil por ser un año preelectoral y además en algunos aspectos totalmente inconveniente, porque está aumentando aún más el costo de invertir en Colombia», afirmó.
El director de Fedesarrollo criticó que la propuesta eleva el costo del capital en una economía con una tasa de inversión insuficiente, que representa solo el 20% del PIB –por debajo del promedio latinoamericano del 22%–, según datos del Banco de la República. «No es solamente que consideramos que no hay mucho espacio político, sino que hay unos elementos que son absolutamente inconvenientes desde el punto de vista de lo que requiere la economía colombiana», agregó. Sugirió que, con el recorte actual, un presupuesto con crecimiento del 4% respecto a 2025 sería «razonable», evitando una reforma que complique la reactivación.
Fedesarrollo proyecta un PIB de 2,1% para 2025, con inflación del 5,2% y tasas de interés en 9,5%. Mejía instó a un acuerdo entre Gobierno y Congreso para una reforma «sin los elementos dañinos» propuestos, priorizando estabilidad para atraer inversión extranjera directa, que cayó un 15% en el semestre según Analdex.
Constituyente: «Marginal» impacto, pero añade incertidumbre
Sobre el anuncio del ministro de Justicia del 23 de octubre de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, Mejía lo calificó de «preocupante» por redefinir reglas de juego en un momento de fragilidad económica. «Si algo ha sufrido la economía colombiana en los últimos tres años es justamente la incertidumbre asociada a diferentes políticas públicas», dijo. Sin embargo, minimizó sus efectos: «No lo vemos de pronto marginalmente, pero cuando se hacen los cálculos de los tiempos implicados, de lo que requiere la recolección de firmas, la aprobación por parte del Congreso en un contexto en donde seguramente el Congreso no está pensando en esto sino en su reelección el próximo año… el mercado internaliza esto más como un anuncio político de campaña y no como algo que se pueda materializar».
El economista estimó un impacto «marginal» en el riesgo país –actualmente en 250 puntos básicos–, ya que el proceso requeriría meses de recolección de firmas y aprobación congresional. «La sola discusión abre una puerta adicional de incertidumbre que creemos que no es conveniente para la economía colombiana», concluyó, recordando que Colombia necesita «estabilidad en las reglas de juego» para revertir la caída de la IED en un 20% anual desde 2022.
Vivienda: Retos fiscales para Mi Casa Ya y repensar la política
Mejía defendió la necesidad del programa Mi Casa Ya para reactivar la construcción, sector que representa el 7% del PIB y genera 1 millón de empleos. «Por supuesto», afirmó, pero alertó sobre limitaciones fiscales: «La situación fiscal que va a recibir el próximo gobierno va a ser la peor, probablemente en nuestra historia moderna». Indicó que, aunque habrá espacio para reasignaciones, retornar a subsidios de 2021-2022 es improbable.
Fedesarrollo inicia un estudio con el Banco Mundial para proponer alternativas, con resultados en febrero de 2026 para la discusión electoral. «Es bastante retador porque es realmente repensar toda la política de vivienda en Colombia en un contexto en donde los recursos fiscales van a ser muy limitados», explicó. El sector, con una contracción del 2% en 2025 según Camacol, depende de subsidios que cubren el 30% de las ventas de vivienda VIS.
En un panorama de desaceleración global, Mejía ve a la economía colombiana «preparada», pero vulnerable a políticas que eleven costos. «Ojalá el Gobierno y el Congreso lleguen a un acuerdo de una reforma que, si eventualmente se aprueba, no tenga los elementos dañinos que ha propuesto el Gobierno», concluyó.
