Bogotá, 17 de octubre de 2025. El Ministerio de Minas y Energía presentó el proyecto de decreto que adiciona el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015. La medida establece lineamientos de política pública para limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria. El Gobierno busca proteger a los usuarios residenciales frente a la volatilidad de precios, especialmente en periodos como El Niño, cuando aumentan los costos de generación térmica.
El decreto promueve la contratación de energía a largo plazo. Reduce la exposición de los usuarios al mercado de bolsa de energía. Fomenta el equilibrio entre los mercados regulado y no regulado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispondrá de tres meses para implementar mecanismos de cumplimiento.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, declaró: “El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio más justo, confiable y predecible para todos los usuarios”.
El documento se publica en el sitio web del Ministerio. Incluye metas específicas para generadores hidráulicos, que deberán vender al menos el 95% de su energía mediante contratos. Crea nuevos instrumentos flexibles de contratación. Promueve las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
Lineamientos del decreto
El proyecto define mecanismos para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. Limita la participación en la bolsa de energía para evitar picos de precios. Establece controles de eficiencia en la comercialización de energía. Requiere que los comercializadores de energía regulada contraten al menos el 90% de su demanda a largo plazo.
La norma responde a la volatilidad observada en 2024, cuando El Niño elevó los costos de generación térmica en un 40%. En ese periodo, las tarifas residenciales aumentaron un 20% en promedio. El decreto busca mitigar impactos similares en el futuro.
El Ministerio indica que la medida alinea con el Plan Energético Nacional 2050. Este plan proyecta que las FNCER alcancen el 20% de la matriz energética para 2030. El decreto incluye estrategias para acelerar la incorporación de solar y eólica en el portafolio de contratos.
La CREG debe reportar avances en tres meses. Incluye la creación de un fondo para estabilizar precios en temporadas secas. Los generadores térmicos también enfrentan límites en la bolsa, con un tope del 10% de su capacidad.
Contexto de volatilidad en el mercado eléctrico
Colombia genera el 70% de su energía a partir de fuentes hídricas. En años secos como 2024, la dependencia de térmicas eleva los costos. La bolsa de energía registró precios promedio de 450 dólares por megavatio-hora en picos, frente a 150 en condiciones normales.
El mercado regulado atiende al 80% de los usuarios residenciales. El no regulado cubre grandes consumidores. El decreto equilibra ambos, con énfasis en contratos bilaterales de hasta 10 años. Esto reduce la especulación en la bolsa, operada por XM.
En 2025, el consumo eléctrico nacional se estima en 80.000 gigavatios-hora. Las tarifas residenciales promedian 600 pesos por kilovatio-hora. El Gobierno proyecta una reducción del 5% en variaciones anuales con la nueva norma.
Edwin Palma agregó: “Nuestro propósito es claro, la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”.
Reacciones del sector y gremios
Gremios del sector eléctrico recibieron el decreto con reservas. Andeg, la Asociación Nacional de Distribuidores de Energía Eléctrica, solicitó mayor análisis técnico. Indicó que las metas del 95% en contratos podrían elevar costos para generadores hidráulicos.
Acen, la Asociación Colombiana de Empresas de Energía, pidió que las medidas no afecten la inversión en nuevas capacidades. El ministro Palma respondió que el decreto incluye incentivos para FNCER, con subsidios a proyectos de hasta 50 megavatios.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) supervisará el cumplimiento. En septiembre de 2025, la entidad reportó 500 quejas por facturas elevadas, relacionadas con ajustes por sequía.
El proyecto se somete a comentarios públicos por 15 días. Tras eso, se expedirá la versión final. El Ministerio estima que la implementación plena inicie en enero de 2026.
