Medellín, 11 de octubre de 2025. Un tuit del presidente Gustavo Petro ha encendido el debate en Antioquia, y no es para menos. Ayer, el mandatario apuntó directo a Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuestionando lo que llamó una «carencia de agua potable» en las comunas populares de la ciudad. No se quedó ahí: lo tildó de «verdadera gentrificación contra el pobre» y acusó a la empresa de ser un instrumento para sostener grandes corporativos privados. El detonante, Hidroituango: según Petro, EPM «sirvió para sostener grandes empresas privadas asociadas en un grupo económico que se la robaron», generando un déficit que los colombianos pagan en tarifas. Y remató: el excedente de EPM «premia sectores de gran Capital con tarifas hidroeléctricas diez veces por encima de sus costos, pero no para garantizar servicios públicos a la gente humilde».
El mensaje, lanzado desde su cuenta de X, llegó en un momento sensible. Justo cuando EPM enfrenta la interrupción del agua en el Valle de Aburrá por modernización de Manantiales –obra que afecta a 1,1 millones de personas del 9 al 13 de octubre–, las palabras del presidente tocan una fibra expuesta. Petro no menciona cifras específicas, pero su narrativa pinta a EPM como un gigante que prioriza ganancias sobre necesidades básicas. ¿Es un llamado a la reflexión, o un dardo político en plena coyuntura electoral regional? El tiempo lo dirá, pero el impacto ya se siente: redes sociales bullendo, y la empresa respondiendo con datos en mano.
Desde el Palacio de San Cristóbal, el presidente ha usado X para cuestionar modelos empresariales antes –recuerden sus choques con Ecopetrol o el Banco de la República–. Aquí, el foco en Hidroituango revive un fantasma: el megaproyecto, que costó US$5.700 millones y demoró una década por fallas geológicas, ha sido blanco de críticas por sobrecostos. Petro alega que ese «robo» genera un hueco que se tapa con tarifas, y que los excedentes de EPM subsidian a «gran Capital» con precios inflados en hidroeléctricas, dejando a los humildes sin lo esencial. Palabras duras, que contrastan con la imagen de EPM como pilar antioqueño, con 2,5 millones de usuarios en el Aburrá y un rol clave en el PIB regional.
Pero… EPM no se quedó callada. Horas después, el gerente John Maya Salazar salió al ruedo con una respuesta firme, desmintiendo punto por punto y enmarcando las acusaciones en una «situación electoral». «Pedimos que EPM no sea utilizada como elemento electoral desde el punto de vista de las tarifas», dijo en una declaración a medios de comunicación que se viralizó rápido. Maya, con su tono mesurado pero categórico, refutó dos ejes principales: la supuesta vinculación de Hidroituango con alzas tarifarias, y el rol del proyecto en la seguridad energética nacional.
Hidroituango no carga tarifas: «Un beneficio para el país, no un castigo»
Maya fue directo al grano. «El sobrecosto o problemas de Hidroituango no se traducen en aumentos de tarifas para antioqueños o colombianos», aclaró. Las tarifas, explicó, se rigen por reglamentación nacional de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), no por decisión de EPM. Y volteó la tortilla: cuando las máquinas 3 y 4 entraron en operación, el precio de la energía –el componente G o generación– cayó un 50% de golpe, proyectando una rebaja tarifaria del 9% o 10% a largo plazo. «Hidroituango ha sido un salvavidas para el sistema eléctrico», enfatizó.
En números, el proyecto genera 2.400 megavatios, el 17% de la matriz nacional. Sin él, Maya advierte, el balance oferta-demanda sería deficitario, especialmente en El Niño –ese fenómeno que en 2024 amenazó con racionamientos–. «Gracias a Hidroituango, el país evitó el apagón, sobre todo durante sequías. Sin las cuatro máquinas, estaríamos en una situación muy distinta, de riesgo real». El gerente concluyó con un toque de gratitud forzada: «El beneficio y estabilidad que proporciona es algo que debíamos agradecer, no un factor de castigo tarifario».
El cruce no es nuevo. Hidroituango, iniciado en 2010 con un costo inicial de US$2.300 millones, se desbordó en 2018 por fallas, dejando pérdidas de US$1.000 millones y desplazando a 400 familias. EPM absorbió el golpe, pero el proyecto entró en operación plena en 2024, contribuyendo a bajar el precio spot de la energía en un 20%. Para Maya, las acusaciones ignoran este saldo positivo, y las ve teñidas de política –con elecciones regionales en el horizonte, donde Antioquia es un bastión uribista.
Gentrificación y agua: el pulso de las comunas
Petro no se limitó a Hidroituango. Su tuit apunta a una «carencia de agua potable» en comunas populares, viéndola como gentrificación que empuja a los pobres a los márgenes. En Medellín, donde el 30% de la población vive en estratos 1 y 2, quejas por interrupciones crónicas en el suministro son comunes –como la actual en Manantiales, que afecta al 45% de usuarios del Aburrá. EPM responde con datos: la planta, en modernización con 16 frentes activos, surte a 1,1 millones, y las obras –instalación de compuertas, lavado de estructuras– aseguran calidad futura.
El debate se enciende en X. Tuits de apoyo a Petro hablan de «privatización disfrazada»; defensores de EPM citan beneficios de Hidroituango, como los 9.000 empleos generados. En Antioquia, donde EPM es orgullo local –con 12.000 accionistas minoritarios–, el eco es fuerte. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuiteó: «EPM es patrimonio antioqueño, no botín político».
¿Qué sigue? Un cruce que trasciende tarifas
Maya pide diálogo, no polarización. «Las tarifas son reguladas nacionalmente; EPM no decide alzas». Sobre Hidroituango, resalta su rol en evitar racionamientos –en 2024, generó 15% de la energía en picos de demanda–. Para el gerente, el proyecto no es déficit; es activo que bajó costos y estabilizó el sistema.
