Bogotá, 24 de septiembre de 2025- Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este miércoles una propuesta alternativa para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, fijando el monto en $546,9 billones. Esta cifra representa una reducción de $10 billones respecto a la iniciativa original del Gobierno Nacional, que ascendía a $556,9 billones, y se posiciona como un punto intermedio frente a la ponencia de la oposición del Centro Democrático, que proponía recortar hasta $530,6 billones. Liderada por la representante Olga Lucía Velázquez, de la Alianza Verde, la iniciativa contó con el respaldo explícito del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien la calificó como un «consenso responsable» que alinea el gasto con la sostenibilidad fiscal.
El avance en las comisiones marca un hito en el trámite legislativo, que ahora pasa al segundo debate en plenarias durante octubre, con el Ejecutivo comprometido a presentar las modificaciones necesarias para su adopción final. Esta aprobación llega en un contexto de presiones por el cumplimiento de la Regla Fiscal y la Ley de Financiamiento, donde Ávila había anticipado la disposición del Gobierno a sacrificar $10 billones para evitar un nuevo paquete tributario de $26 billones, según declaraciones previas en debates congresionales.
Una ponencia intermedia: Equilibrio entre gasto y responsabilidad fiscal
La propuesta de Velázquez, radicada como ponencia alternativa, surgió como respuesta a las divergencias entre el Ejecutivo y la oposición. Mientras el Gobierno defendía un presupuesto equivalente al 28,9% del PIB proyectado –con énfasis en inversión social y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026–, el Centro Democrático argumentaba por un recorte drástico para contener la deuda neta, que ha crecido sostenidamente entre 2014 y 2024, pasando del 35% al 60% del PIB, según datos del Banco de la República. La ponencia verde, al reducir $10 billones, acomoda esta evolución de la deuda sin comprometer los objetivos del PND, permitiendo una mayor participación legislativa en la reasignación de partidas.
«Esta es una propuesta consensuada que avanza en la consolidación fiscal, cumpliendo con el PND y debatiendo partidas clave para sectores como deporte, comercio, tecnología y agricultura», enfatizó Velázquez en la sesión. El ministro Ávila, presente en el debate, aplaudió la «disposición del Congreso para alcanzar consensos» y confirmó que el Gobierno ajustará su ley de financiamiento en paralelo, reduciendo la necesidad de nuevos impuestos de $26,3 billones a $16,3 billones.
Recortes y adiciones: Prioridades en inversión y funcionamiento
La estructura presupuestaria de la ponencia alternativa introduce ajustes precisos para optimizar recursos. El gasto de funcionamiento se reduce a $359,3 billones, un 1,8% menos que los $365,7 billones propuestos inicialmente, reflejando una contención en costos operativos que el Gobierno estima en un alza del 11,1% respecto a 2025. El servicio de la deuda se mantiene estable en $102,4 billones (18,4% del total), cubriendo obligaciones que absorben una porción creciente del PIB.
En inversión, el rubro cae $4 billones a $84,7 billones (15,5% del PGN), pero Velázquez propone adiciones específicas por $550.000 millones para sectores estratégicos:
| Sector | Adición Propuesta ($ millones) | Justificación |
|---|---|---|
| Agricultura y Desarrollo Rural | 50.000 | Fortalecimiento de cadenas productivas |
| Comercio, Industria y Turismo | 100.000 | Impulso a la reactivación económica |
| Deporte y Recreación | 200.000 | Apoyo a programas juveniles y eventos |
| Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 200.000 | Digitalización y innovación |
Estas adiciones se financian con recortes equivalentes en otras áreas, priorizando eficiencia:
| Entidad | Recorte ($ millones) | Razón |
|---|---|---|
| Rama Judicial | 260.000 | Optimización administrativa |
| Defensa y Policía | 190.000 | Conciliaciones y sentencias pendientes |
| Salud | 81.955 | Reasignación a atención primaria |
| Hacienda | 15.000 | Reducción en gastos operativos |
| Interior | 2.000 | Ajustes menores |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1.000 | Modernización del Ministerio |
Velázquez justificó el recorte ambiental como parte de una «modernización del Ministerio», mientras que en defensa y policía se alude a «sentencias y conciliaciones en la gestión general». Estos ajustes, debatidos en comisiones, amplían la participación legislativa en la distribución sectorial, un punto álgido en ponencias previas.
Implicaciones: Hacia una sostenibilidad fiscal compartida
Este PGN de $546,9 billones representa el 28,1% del PIB estimado para 2026, un equilibrio que el ministro Ávila vincula a la «senda de crecimiento del 4,33%» observada en 2025. Analistas de la Andi y Fenalco ven en esta aprobación un alivio para la clase media, al mitigar la carga tributaria, pero advierten que la inversión en $84,7 billones –la más baja desde 2022– podría limitar el impacto en empleo y crecimiento, proyectado en 3,5% por el FMI.
El consenso también abre puertas para el Sistema General de Regalías, aprobado en $30,6 billones para 2025-2026, priorizando regiones productoras como La Guajira. Sin embargo, opositores como el senador Efraín Cepeda critican la «distribución injusta para regiones», mientras el Pacto Histórico celebra la preservación de apuestas sociales.
Con el debate en plenarias en octubre, este PGN intermedio no solo evita una «dictadura fiscal», sino que redefine el rol del Congreso en la era Petro. La pregunta ahora es si este equilibrio se mantendrá o si las plenarias introducirán giros. Por ahora, Colombia respira: un presupuesto consensuado que prioriza estabilidad sobre ambición.
