Bogotá, 15 de septiembre de 2025 – El plazo para que las Comisiones Económicas del Congreso votaran el monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 venció este domingo 14 de septiembre sin citación oficial ni debate, dejando el proyecto intacto con su cifra inicial de $557 billones de pesos. Esta omisión, que impide cualquier reducción en primera instancia, acelera el trámite hacia un escenario de alta tensión: el debate ahora se centrará en la aprobación o hundimiento total del articulado antes del 25 de septiembre, fecha clave para que las comisiones decidan si avanza a plenaria o se archiva por completo.
Analistas ven en esta dinámica una estrategia gubernamental para forzar un «decretazo» –expedición por decreto del Ejecutivo–, una vía legal pero controvertida que minaría la legitimidad democrática del proceso, en un contexto de desacuerdos fiscales que podrían elevar el déficit al 5,5% del PIB si no se resuelven. Con un PGN que representa el 40% del gasto público y financia prioridades como salud y educación, esta incertidumbre amenaza la estabilidad económica en un año de crecimiento proyectado al 2,4%.
El vencimiento silencioso: De $557 billones sin discusión a un debate polarizado
La Ley 38 de 1989 y la Constitución exigen que las Comisiones Económicas Conjuntas (terceras y cuartas del Senado y la Cámara) voten el monto global del PGN antes del 15 de septiembre, un plazo que se cumplió sin quórum ni sesión, similar a lo ocurrido en 2024 cuando el presupuesto para 2025 se hundió y se emitió por decreto. El proyecto, radicado por el Gobierno el 10 de julio con $557 billones –un aumento del 8% respecto a 2025–, incluye $523 billones en gasto y depende de una reforma tributaria para recaudar $26 billones adicionales, pero sin recortes discutidos, llega al Congreso intacto.
Esta omisión cambia el juego: el debate del monto pasa a la plenaria, y las comisiones ahora tienen hasta el 25 de septiembre para aprobar o rechazar el articulado en primer debate. Si no se logra, el presidente Gustavo Petro podría expedirlo por decreto, como en 2025, invocando la «dictadura fiscal» –un término acuñado por opositores para criticar la centralización del poder presupuestal. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el monto como «moderado y responsable» para mantener el crecimiento del 2,4% en el primer semestre, pero la oposición, liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical, insiste en recortes de al menos $26 billones para equilibrar el déficit fiscal, proyectado en 5,1% del PIB sin reformas. El Gobierno cedió el 11 de septiembre a reducir $10 billones en respuesta a la renuencia congresional, pero la falta de quórum en sesiones previas –suspendidas el 10 y 11 de septiembre– impidió votaciones.
Implicaciones económicas: Déficit, deuda y tensiones fiscales
El PGN 2026, con $557 billones, prioriza inversión social (salud $50 billones, educación $60 billones) pero depende de una reforma tributaria que recauda $10 billones menos de lo esperado sin aprobación congresional. Un «decretazo» permitiría al Ejecutivo imponer el gasto, pero minaría el control legislativo, un riesgo en un país con deuda pública al 60% del PIB y calificación crediticia BBB- de Standard & Poor’s, vulnerable a downgrades si se percibe inestabilidad política.
Económicamente, el aplazamiento intensifica presiones: el déficit fiscal podría escalar al 5,5% si no se recauda vía impuestos, afectando el crecimiento proyectado al 3% para 2026 por el Banco de la República. La oposición acusa al Gobierno de «sabotaje» al no lograr quórum, mientras el Ejecutivo lamenta la «falta de voluntad» para cerrar brechas sociales. En Antioquia, por ejemplo, el PGN impacta subsidios como los de VIVA ($24.430 millones para vivienda rural), y un hundimiento podría retrasar ejecuciones regionales.
La fecha límite del 25: ¿Aprobación, hundimiento o decretazo?
El 25 de septiembre es el punto de inflexión: las comisiones deben aprobar el articulado para avanzar a plenaria, donde se debatiría hasta el 20 de octubre. Si se hunde, el decreto sería inevitable, como en 2025 cuando el PGN de $523 billones se expidió sin consenso, generando críticas de «golpe a la democracia» por recortes a elecciones 2026. Negociaciones intensas entre Gobierno y Congreso –con el ministro Ávila y presidentes como Gloria Inés Ramírez– podrían destrabar, pero la polarización sugiere riesgos.
En resumen, el vencimiento del plazo sin debate deja el PGN 2026 en $557 billones, enfocando la batalla en su aprobación total. Un decretazo abriría la puerta a tensiones fiscales, pero también a ejecución rápida de prioridades sociales. En un Colombia con crecimiento moderado, esta incertidumbre podría costar 0,5 puntos del PIB si se prolonga, subrayando la urgencia de consenso para estabilidad macroeconómica.
