Bogotá, 2 de septiembre de 2025 – La radicación del proyecto de reforma tributaria por parte del Gobierno de Gustavo Petro, que busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto de 2026, ha desatado una tormenta de críticas desde los gremios empresariales y exfuncionarios.
Líderes como Bruce Mac Master de la Andi y Jaime Alberto Cabal de Fenalco califican la propuesta como «lesiva» e «insostenible», argumentando que golpea el bolsillo de los colombianos y frena la inversión en un momento de recuperación económica frágil.
Con un desempleo al 8,8% y una inflación cerca del 5%, los críticos ven en esta iniciativa un «cheque en blanco» para el gasto público, mientras el sector privado advierte de un posible aumento en la informalidad y una caída en el consumo.
Andi y Fenalco: «Un golpe al sector productivo y al ciudadano común»
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), fue uno de los primeros en reaccionar con dureza. En un post en X, Mac Master alertó que el IVA a combustibles impactará el transporte público, los alimentos y la canasta familiar, mientras que los nuevos gravámenes a licores, cervezas, vapeadores y el sector de entretenimiento (como conciertos y turismo) encarecerán la vida diaria. «¿Todo esto para pagar el desmedido y ambicioso gasto burocrático y politizado del Gobierno?», cuestionó, recordando que estas medidas evocan las protestas del paro nacional de 2021. Agregó que, a cambio, el gasto público crecerá más del 10%, lo que desequilibra aún más las finanzas.
Desde Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, el rechazo fue igual de contundente. Jaime Alberto Cabal, su presidente, enfatizó que en lugar de que el Gobierno «se apriete el cinturón», transfiere el costo de su «mala gestión fiscal» a los ciudadanos.
Destacó que las cuotas de administración en apartamentos, casas y locales comerciales subirán un 19% por el IVA, afectando a millones de hogares y negocios. «Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo. Esto es insostenible y socialmente injusto», declaró Cabal, llamando al Congreso a asumir su rol constitucional en las Comisiones Terceras y Cuartas.
Fenalco alertó que la reforma podría agravar la crisis económica y social, y que los colombianos estarán atentos al voto de los congresistas, ya que esta decisión «marcará el rumbo económico del país».
En el Atlántico, gremios locales como los de Barranquilla se sumaron al coro de críticas, rechazando el impacto en el comercio y el turismo regional, sectores clave para el empleo en la costa.
Exministros: «Inoportuna, innecesaria e inviable»
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, calificó la reforma como una «mala idea» que afecta el costo de capital, la inversión y el consumo de los ciudadanos. En un análisis publicado, Restrepo argumentó que la propuesta parece una estrategia del Gobierno para «victimizarse» ante una probable derrota en el Congreso, en lugar de controlar el «derroche de gasto público».
«Es innecesaria e inviable, y terminaría siendo más bien una forma de victimizarse por parte del gobierno de la altamente probable derrota en el congreso. Seguramente el Gobierno prefiere eso a asumir la responsabilidad de controlar el derroche de gasto público que debiese ser la obligación», apuntó. Restrepo, quien también fue ministro de Comercio, advirtió que medidas como el aumento en la renta presuntiva y el fin del régimen simple para mipymes fomentarán la informalidad y desestimularán el emprendimiento.
Otro exministro de Hacienda en el propio Gobierno Petro, José Antonio Ocampo, se unió a las críticas condicionando su apoyo. Ocampo insistió en que «el Congreso no debe tramitarla sin una propuesta concreta del gobierno de recorte de gastos de funcionamiento, que es la fuente principal del alto déficit fiscal y del aumento desmesurado de la deuda pública». Su postura resalta la preocupación por el gasto burocrático, que ha crecido en más de $117 billones entre 2023 y 2025, equivalente a ocho reformas tributarias.
Impactos económicos: Informalidad, inversión y consumo en riesgo
Los analistas coinciden en que la reforma podría elevar la informalidad, que ya afecta al 56% de los trabajadores. Carolina Restrepo Cañavera, abogada y analista, explicó en X que una pyme facturando $2.000 millones al año con utilidades del 10% vería su ganancia neta reducida drásticamente por las nuevas tarifas, limitando reinversión y empleo. «El mito se derrumba: no es justicia social. Es un castigo indiscriminado al que arriesga, genera empleo y apuesta por este país», señaló.
El sector turístico y de entretenimiento, que ha impulsado la economía, se ve amenazado por el IVA en conciertos y eventos, lo que podría reducir el consumo. Publicaciones como La República y Infobae destacan que gremios como Andi y Fenalco alertan de un «mayor costo en varios sectores», incluyendo transporte y alimentos, lo que impactaría la canasta familiar. Además, el dólar subió en respuesta inicial, reflejando incertidumbre en los mercados.
Políticos como la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y la congresista Katherine Miranda criticaron que la reforma «asfixia la economía» y podría destruir 500.000 empleos, combinada con la laboral pendiente.
Incluso desde el oficialismo, como la senadora Aída Avella, se defiende la reforma como un paso hacia la «justicia social», pero las voces opositoras dominan el debate.
Perspectivas: Un camino tortuoso en el Congreso
Con el trámite en las Comisiones Económicas, la reforma enfrenta un Congreso dividido. Analistas como los de El País y Portafolio predicen un debate intenso, con posibles modificaciones para incluir recortes en el gasto público. El presidente Petro defendió la iniciativa en redes, aclarando que «va hacia los más ricos del país» con alzas en dividendos y herencias, pero los gremios insisten en que el impacto es generalizado.
En más de dos décadas cubriendo economía, he visto reformas naufragar por falta de consenso. Esta, la más grande de la historia con énfasis en IVA y renta, podría polarizar aún más, especialmente en un año preelectoral. Los gremios llaman a la «responsabilidad» legislativa, mientras el Gobierno apuesta por su «pacto fiscal». El resultado definirá el futuro económico de Colombia.
