Bogotá, 31 de julio de 2025 – El Decreto 0858 de 2025, expedido sorpresivamente por el Ministerio de Salud, busca instaurar un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la territorialización y la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud. Sin embargo, la medida ha desatado una ola de críticas desde el sector empresarial y las aseguradoras, que alertan sobre su posible inconstitucionalidad, falta de claridad en la financiación y graves riesgos para pacientes y trabajadores del sector. Voces como la ANDI y ACEMI advierten que el decreto podría agravar los problemas estructurales del sistema de salud en lugar de resolverlos.
Ilegalidad y desorden: Una reforma en entredicho
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ha calificado el Decreto 0858 como “probablemente ilegal e inconstitucional”, argumentando que el Gobierno impuso su visión del sistema de salud a través de un decreto en lugar de una ley, como correspondería. “Se están incluyendo temas que deberían ser de ley, incluso probablemente de ley estatutaria, en un decreto firmado por el presidente y el ministro”, afirmó. Según Mac Master, esta maniobra podría generar un “inmenso desorden” en el sistema, afectando a más de 12,000 entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud y a cerca de un millón de trabajadores del sector, quienes enfrentan incertidumbre laboral.
Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, coincide en que el decreto representa un “paso ilegal” y “evidentemente inconstitucional” al modificar disposiciones de la Ley 100, que solo pueden reformarse mediante otra ley. Vesga señaló que el decreto retoma gran parte del proyecto de reforma a la salud ya conocido, pero lo implementa sin un sustento legal sólido. Recordó el plan piloto con el magisterio, que calificó como “un absoluto desastre” y “colapsó”, advirtiendo que un resultado similar podría repetirse si el decreto se aplica plenamente o si la reforma avanza en el Congreso.
Ambos líderes advierten que la presunción de legalidad del decreto permitirá su implementación hasta que sea declarado inconstitucional, lo que podría generar un limbo jurídico y operativo. “El presidente decidió que esta era una de sus banderas, sin entender los riesgos a los que está sometiendo a los pacientes”, afirmó Mac Master, sugiriendo que el decreto podría ser una estrategia tras el retiro de la reforma en el Congreso.
Financiación insuficiente: Un sistema al borde del colapso
Uno de los puntos más críticos es la falta de claridad sobre la financiación del nuevo modelo. El decreto establece que los recursos provendrán de la Adres, el Sistema General de Participaciones, el Presupuesto General de la Nación y otras fuentes, pero su implementación estará sujeta al marco fiscal de mediano plazo. Mac Master señaló que el Gobierno “ni siquiera se tomó el trabajo de entender de dónde provendrán los recursos para atender el sistema”, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los más de 80 billones de pesos que circulan en el sector.
Vesga fue igualmente contundente al afirmar que el modelo opera “con la misma plata” de un sistema ya “ahogado” financieramente. “Este cambio estructural ocurre sin recursos adicionales, lo cual genera interrogantes sobre su efectividad”, explicó. Advirtió que el decreto no ofrece soluciones a problemas críticos como el desabastecimiento de medicamentos y las demoras en citas médicas. “Desde luego que no resuelve estos problemas; puede ser peor”, afirmó, destacando que la transferencia de funciones organizativas de las EPS a entidades territoriales podría reducir la oferta de servicios, agravando las dificultades de acceso.
Además, Vesga señaló que el decreto no incluye medidas para evitar el cierre de unidades de neonatología, pediatría y urgencias. “Para nada, para nada, para nada”, respondió enfáticamente al ser consultada, subrayando la falta de estrategias para fortalecer la infraestructura hospitalaria.
Impacto en pacientes y auge de la medicina prepagada
Las críticas también se centran en el impacto directo sobre los pacientes. Mac Master destacó que el decreto no considera a los usuarios, quienes enfrentan incertidumbre sobre sus rutas de atención y posibles interrupciones en sus tratamientos. “No hay claridad sobre cómo será la atención para los pacientes, que no saben hoy en día cuál es su ruta”, afirmó. Vesga complementó esta visión, señalando que la reorganización de las redes de atención, ahora a cargo de entidades territoriales, podría generar descoordinación y reducir la capacidad de respuesta del sistema.
ABC del Decreto: La visión del Gobierno al descubierto
Imagine un rompecabezas gigante, con miles de piezas que representan hospitales, clínicas, médicos, pacientes y recursos, desperdigadas por todo Colombia. El Decreto 0858 de 2025 es el intento del Gobierno por armar ese rompecabezas bajo una nueva figura: un sistema de salud que no solo cure, sino que prevenga y anticipe, con las comunidades locales como protagonistas. Aquí va el ABC de lo que el Gobierno presentó, explicado como si fuera una receta para transformar la salud del país.
A de Atención Primaria: El Gobierno apuesta por los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), concebidos como la puerta de entrada al sistema. Estos centros, que se implementarán progresivamente, serán el corazón del enfoque preventivo, donde las IPS públicas, privadas y mixtas, junto con profesionales independientes, atenderán a los ciudadanos antes de que las enfermedades se compliquen. Es como construir pequeños “centros de comando” en cada barrio o municipio, listos para detectar y actuar a tiempo.
B de Redes Integrales: Para conectar las piezas del rompecabezas, el Gobierno propone las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud. Estas redes son como autopistas que unen a todos los actores del sistema –desde los Caps hasta los hospitales de alta complejidad– en dos niveles: el primario, centrado en la prevención, y el complementario, que aborda casos más complejos. La idea es que, sin importar si estás en una vereda remota o en una gran ciudad, la red te lleve al servicio que necesitas, sin perderte en el camino.
C de Territorialización: El ingrediente secreto es la territorialización, un enfoque que adapta el sistema a las realidades de cada región. En lugar de una receta única para todo el país, el Gobierno quiere que departamentos, distritos y municipios diseñen sus propios planes de atención, basados en sus condiciones económicas, sociales y políticas. Es como darle a cada región su propio pincel para pintar un sistema de salud que refleje sus necesidades, con el apoyo de entidades como la Adres, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud.
El decreto también promete formalizar a los trabajadores de la salud en seis meses, abrir datos para que los ciudadanos vigilen el sistema y financiar todo con recursos existentes, sin tocar el esquema de las EPS. Pero, como en toda receta ambiciosa, el sabor final dependerá de los ingredientes –y aquí, las críticas advierten que faltan recursos, claridad y, sobre todo, un marco legal sólido para que el plato no termine en desastre.
