Medellín, Colombia – 22 de julio de 2025. El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su estrategia de desmontar subsidios a los combustibles con la publicación de un borrador de decreto que propone un aumento en el precio del Aceite Combustible para Motores (ACPM) para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales en 69 municipios de 10 departamentos, incluyendo el Valle de Aburrá en Antioquia.
La medida, liderada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, busca alinear el precio del diésel con el valor de paridad internacional, estimado en $15.000 por galón, similar al costo actual de la gasolina corriente. Este ajuste, que no afectará a camiones, buses ni transporte público, responde a la necesidad de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y garantizar una asignación más eficiente de los recursos públicos. El borrador estará abierto a comentarios ciudadanos hasta el 2 de agosto de 2025, y la implementación dependerá de la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía.
Un ajuste focalizado para aliviar las finanzas públicas
El borrador del decreto establece un “mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM” que aplicará exclusivamente a vehículos como automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos de uso particular, diplomático u oficial. Según el documento, “el ingreso al productor deberá ser, como mínimo, el precio de paridad internacional,” lo que implica un incremento desde los $10.725 promedio actuales por galón hasta cerca de $15.000. Este ajuste se implementará inicialmente en una fase piloto que abarca 69 municipios en departamentos como Antioquia, Bogotá, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. En Antioquia, la medida se limitará al Valle de Aburrá, incluyendo Medellín y su área metropolitana, debido a su alto consumo de diésel por vehículos particulares y las capacidades institucionales para monitorear la implementación.
El Gobierno argumenta que esta focalización protege sectores estratégicos como el transporte de carga y pasajeros, excluyendo del alza a camiones, tractocamiones, volquetas, buses, busetas y microbuses. “Dirigir los recursos del subsidio hacia estos sectores prioritarios permite proteger su función productiva y garantizar la movilidad de bienes y personas a costos accesibles,” señala el decreto. Según el Ministerio de Hacienda, el FEPC enfrenta un déficit de más de $4 billones, con un costo fiscal en 2024 de $9 billones debido a un subsidio promedio de $4.720 por galón. Para 2025, este subsidio se estima en $4.070 por galón, con un costo proyectado de $8 billones. La eliminación del subsidio para vehículos particulares podría generar un ahorro fiscal de hasta $10 billones anuales, equivalente a una “mini reforma tributaria.”
Retos y contexto de la medida
La decisión responde a la necesidad de cerrar el déficit del FEPC, que ha subsidiado históricamente la diferencia entre los precios internacionales y locales del diésel, generando ineficiencias fiscales. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que “cerrar esta brecha histórica impactará positivamente las cuentas del país.” Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre gremios de transportadores, quienes advierten que el alza podría incrementar los costos de bienes y servicios, afectando indirectamente la inflación. En septiembre de 2024, un paro camionero reflejó las tensiones por ajustes previos al ACPM, y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha rechazado la nueva propuesta, argumentando que no se han cumplido acuerdos previos.
El Gobierno también está promoviendo un decreto paralelo para incentivar el retiro voluntario de vehículos diésel antiguos, como camiones y buses con más de 20 años, que consumen grandes cantidades de combustible subsidiado y carecen de tecnologías de control de emisiones. Esta medida, vista por algunos sectores como complementaria al alza del ACPM, busca avanzar en la transición energética y reducir el impacto ambiental del parque automotor, que incluye más de 1,1 millones de vehículos diésel en Colombia, con alta concentración en Cundinamarca, Antioquia y Bogotá.
La implementación del aumento dependerá de la reglamentación técnica del Ministerio de Minas y Energía, sin una fecha definida aún. Mientras tanto, la fase de comentarios ciudadanos hasta el 2 de agosto permitirá ajustar la propuesta. Con esta estrategia, el Gobierno Petro busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con la protección de sectores clave, aunque enfrenta el desafío de mitigar el impacto económico y social en un contexto de creciente presión por parte de los gremios y la ciudadanía.
