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Cámara de Comercio de Medellín le apuesta por fortalecer la transparencia y el control ciudadano

Cámara de Comercio lidera estrategia de transparencia.

Más allá de su papel tradicional en el fortalecimiento empresarial, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha asumido en los últimos años un liderazgo decidido en el fortalecimiento de la institucionalidad pública y la cultura ciudadana a través de una estrategia integral basada en la transparencia, el control social y la formación ética.

Esta gestión se articula desde el Centro de Estudios de la Gestión y la Contratación Pública, una unidad técnica y pedagógica que brinda acceso gratuito a herramientas, investigaciones y análisis para que la ciudadanía, los empresarios, las universidades y los entes de control puedan ejercer seguimiento efectivo y preventivo sobre la gestión del Estado.

“Nosotros hemos venido trabajando desde la Cámara el concepto de eficiencia en la gestión de lo público. Los ciudadanos financiamos el Estado con los impuestos, y eso nos da el derecho a exigir una administración adecuada. Si no se administra bien, vienen reformas tributarias para cubrir esas ineficiencias. Por eso trabajamos por una cultura de transparencia y control social que nos permita tener una región más competitiva, con mayor desarrollo económico y social”, explicó Jorge Villegas Betancour, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de la Cámara.

Audio: Jorge Villegas Betancourt, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de la Cámara.

Históricamente, la Cámara ha realizado seguimiento a obras de alto impacto como el Metro de Medellín, la Autopista Medellín-Bogotá o el Aeropuerto José María Córdova. Sin embargo, la gestión actual ha evolucionado hacia un modelo más profundo: empoderar a la ciudadanía con conocimiento, desarrollar tecnología para el análisis de datos públicos y establecer metodologías para interpretar con rigor jurídico, sociológico y económico la información oficial disponible.

“La transparencia no aparece por generación espontánea. Es un proceso de formación continua que debe comenzar en los colegios, pasar por las universidades y permear la vida profesional. La transparencia debe construirse como cultura”, añadió Villegas.

El Centro de Estudios trabaja sobre cinco verticales estratégicas: cumplimiento legal, precios y calidad, beneficiarios finales, ecosistema de entes de control y gobierno corporativo 4.0. Gracias a estas líneas, se han generado estudios e investigaciones que hoy son insumos para veedores, periodistas, empresarios y organizaciones sociales. Asimismo, se han creado tableros interactivos de datos abiertos que permiten analizar, por ejemplo, el comportamiento de la contratación pública en Medellín, contribuyendo a la vigilancia ciudadana informada.

Además, el Centro se ha convertido en un espacio articulador de redes de actores comprometidos con el valor público: universidades, gremios, entes de control, ONG y ciudadanía activa. Esta institucionalidad colaborativa ha sido clave para el desarrollo de modelos como el de cumplimiento legal y ética pública, actualmente en implementación con la veeduría Todos por Medellín.

“Nuestro objetivo es visibilizar y conectar a todos esos actores que han venido trabajando por la transparencia. Darles herramientas y fortalecer su capacidad de análisis. Que el empresariado, la academia y la ciudadanía puedan intervenir en la mejora de lo público, con argumentos técnicos y participación estructurada”, remarcó Villegas.

Uno de los ejemplos concretos del impacto de esta gestión es el trabajo conjunto con Todos por Medellín, que bajo este enfoque preventivo desarrolló un Modelo de Cumplimiento Legal y Ética Pública. Esta herramienta técnica permite medir el nivel de riesgo de corrupción en entidades del conglomerado público del distrito de Medellín, con una metodología basada en 12 riesgos y 51 variables.

“Este modelo surge de los aprendizajes que obtuvimos entre 2020 y 2023 con las denuncias ciudadanas. Queríamos pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, para anticipar posibles riesgos de corrupción y no solo reaccionar. El índice va de 0 a 100, y nos permite clasificar las entidades por niveles de riesgo: bajo, moderado, alto y extremo”, explicó Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín.

En su fase inicial, el modelo evalúa ocho entidades del conglomerado, entre ellas EPM, EDU, INDER, Metroparques, Plaza Mayor y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La herramienta será pública, digital y actualizable cada trimestre, y se espera que hacia 2027 abarque todas las entidades del conglomerado. Su utilidad radica en que permite tanto a los entes de control como a la ciudadanía identificar zonas críticas y actuar con datos confiables.

“Es una herramienta preventiva. No afirma que haya corrupción, sino que mide cuán probable es su materialización en cada entidad, de acuerdo con una metodología rigurosa. Es un paso hacia una ciudadanía más técnica, más proactiva, y hacia instituciones que autorregulan su gestión”, puntualizó Restrepo.

Esta articulación entre la Cámara de Comercio y las veedurías ciudadanas demuestra que la transparencia no es solo una aspiración, sino un proceso que puede medirse, construirse y fortalecerse desde la sociedad civil organizada. En Medellín y Antioquia, la cultura de control social ya no es marginal: hoy hace parte del núcleo del desarrollo institucional.