Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que presentó su contestación a una demanda arbitral iniciada por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín. Esta acción responde a un conflicto prolongado relacionado con el proyecto hidroeléctrico Ituango, marcado por disputas legales desde el colapso del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) en 2018.
Detalles de la demanda y contrademanda
Hidroituango busca que se declare el incumplimiento de EPM del contrato BOOMT, originalmente pactado para la operación de la hidroeléctrica en 2018, pero que se retrasó hasta noviembre de 2022 debido a la inundación de la casa de máquinas tras el incidente. La sociedad reclama una indemnización de $2,49 billones ($2.492.307.510.639), que incluye remuneración y cláusulas penales por apremio. EPM, por su parte, no solo contestó la demanda, sino que presentó una reconvención o contrademanda, planteando sus propias pretensiones contra Hidroituango. Ambas partes buscan resolver sus disputas en un único proceso arbitral.
Contexto de la controversia
El conflicto se origina en el colapso de las obras de desviación en abril de 2018, que provocó retrasos significativos y costos adicionales. Este incidente ha generado múltiples enfrentamientos legales entre EPM y Hidroituango, así como con consorcios involucrados como Conconcreto. A pesar de los avances en el proyecto, que ahora genera energía, las tensiones persisten, reflejando diferencias sobre responsabilidades y compensaciones. EPM también ha destacado su compromiso con el desarrollo comunitario en la región, contrastando con estos litigios.
Implicaciones y próximos pasos
La decisión del tribunal arbitral será crucial para determinar la responsabilidad y los montos a pagar, potencialmente afectando las finanzas de ambas entidades. La inclusión de una contrademanda por parte de EPM sugiere una estrategia para equilibrar las pretensiones, aunque el resultado podría prolongar la incertidumbre financiera y operativa en el proyecto. La resolución, esperada en el marco de este proceso, podría sentar un precedente para futuros conflictos en megaproyectos similares.
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