La reciente aprobación en el Senado, el 17 de junio de 2025, del artículo 23 de la reforma laboral que impone la laboralización de los aprendices del SENA ha desatado una intensa controversia. Según FENALCO, esta medida podría costarle al sector productivo más de $3,6 billones, incrementando significativamente la carga prestacional y legal para las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan el 90% del tejido empresarial colombiano.
El artículo establece que los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo ($1.067.300) durante la etapa lectiva y el 100% ($1.423.500) en la etapa práctica, junto con todas las prestaciones sociales, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales y una bonificación anual. Aunque el Gobierno celebra esta medida como un avance en la “dignidad laboral” para cerca de 445.000 estudiantes del SENA, críticos advierten que encarecerá la contratación y reducirá las oportunidades de formación práctica para los jóvenes.
Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, señaló: “El aprendiz está en proceso de formación, no es un trabajador. Convertir su práctica en una relación laboral encarece los costos, desnaturaliza el proceso educativo y, paradójicamente, cerrará oportunidades reales de experiencia a los estudiantes.”
Impacto económico: un freno a las Mipymes
El contrato de aprendizaje, regulado por la Ley 789 de 2002, ha sido un pilar para la formación de jóvenes en Colombia, permitiendo a 368.754 aprendices en 2023 acceder a prácticas en empresas. Sin embargo, la laboralización implica que las empresas asuman costos equivalentes a los de un trabajador formal, lo que podría desincentivar su vinculación. Según FENALCO, el costo por aprendiz podría superar los $2,4 millones mensuales, frente a los $1,5 millones de la cuota de monetización que pagan las empresas que optan por no contratar aprendices.
Esta diferencia de costos lleva a muchos a temer que las empresas, especialmente las Mipymes, prefieran pagar la monetización en lugar de vincular aprendices, reduciendo las plazas disponibles. José Ignacio López, presidente de ANIF, recordó que el contrato de aprendizaje incrementó un 89% los contratos en su primer año (2003), pasando de 30.128 a 56.847. “El riesgo es que esta reforma tenga el efecto contrario, limitando oportunidades para los jóvenes”, advirtió.
Además, las empresas que no cumplan con la cuota obligatoria de aprendices (un aprendiz por cada 20 trabajadores en firmas con 15 o más empleados) enfrentarán multas destinadas a financiar programas sociales del SENA, lo que añade presión financiera.
Impacto social: menos oportunidades para los jóvenes
La laboralización podría agravar el desempleo juvenil, que en 2024 alcanzó el 16,7% según el DANE, y la informalidad, que afecta al 58% de los trabajadores colombianos. Los aprendices del SENA, en su mayoría jóvenes de estratos bajos, dependen de estas prácticas para adquirir experiencia y mejorar su empleabilidad. Sin embargo, expertos como el abogado Juan Manuel Guerrero califican la medida como “irresponsable y antitécnica”, argumentando que debilitará la articulación entre educación y empleo.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó en X: “Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar.” Este sentimiento es compartido por sectores empresariales, que temen que la reforma desincentive la vinculación de aprendices, afectando especialmente a poblaciones vulnerables.
Falta de concertación: un error político
FENALCO y otros gremios critican la falta de diálogo con el sector productivo durante la aprobación de la reforma. “Es un error que el Senado haya cedido ante las presiones del Gobierno, dejando de lado un análisis objetivo de los impactos económicos y sociales”, señaló Cabal. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estimó que los contratos de aprendizaje solo incrementarían la masa salarial del país en un 0,11%, pero no se analizaron en profundidad los costos directos para las empresas, especialmente las más pequeñas.
La reforma, que aún requiere conciliación en el Congreso, ha generado división. Mientras el Gobierno la presenta como un avance social, gremios como FENALCO advierten que podría desmantelar un modelo exitoso de formación. La senadora Clara López, del Pacto Histórico, defendió la medida, argumentando que “el SENA no es una universidad; allí hay productividad en la faena laboral.” Sin embargo, la oposición sostiene que la laboralización ignora la naturaleza formativa del contrato de aprendizaje.
Retos y perspectivas
El futuro de los aprendices del SENA dependerá de cómo se implemente la reforma y de la capacidad del Gobierno para mitigar sus impactos. El Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Educación y el SENA, tiene 12 meses para diseñar el sistema de transición, pero la falta de concertación previa genera incertidumbre.
Para evitar una reducción en las plazas de aprendizaje, se necesitarán incentivos para las empresas, como exenciones tributarias o subsidios, especialmente para las Mipymes. Además, el SENA deberá fortalecer su plataforma Sofía Plus para garantizar una mejor conexión entre aprendices y empresas, ya que en 2023 solo el 28% de los inscritos lograron un contrato de aprendizaje.
La laboralización de los aprendices del SENA, aunque busca mejorar las condiciones de los estudiantes, plantea un delicado equilibrio entre derechos laborales y oportunidades de formación. Sin un enfoque concertado, esta medida podría convertirse en un obstáculo para los jóvenes y las empresas, debilitando un modelo que ha sido clave para la inserción laboral en Colombia.
Lea también: FENALCO alerta impacto devastador de la reforma laboral en el empleo
