La aprobación de la reforma laboral en el Senado ha generado una fuerte preocupación en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), que representa al 99.5% del tejido empresarial nacional y al 56% del empleo formal. Según el gremio, las medidas aprobadas, como el recargo nocturno desde las 7:00 p.m., el aumento del recargo dominical al 100% y la formalización de aprendices del SENA, incrementarán los costos laborales a niveles insostenibles para las mipymes, amenazando su viabilidad y agravando la informalidad.
Un impacto devastador para las mipymes
ACOPI, en su rol de vocero de las micro, pequeñas y medianas empresas, estima que la reforma laboral impondrá sobrecostos significativos que comprometen la sostenibilidad de las unidades productivas. Según un análisis técnico del gremio, tres disposiciones clave tendrán un impacto directo:
- Recargo nocturno desde las 7:00 p.m.: Al adelantar el inicio de la jornada nocturna (anteriormente a las 10:00 p.m.), los costos operativos de sectores como la seguridad privada, el comercio y la gastronomía se dispararán.
- Aumento del recargo dominical y festivo al 100%: Este incremento, que se implementará gradualmente hasta 2027, afectará especialmente a negocios que operan en fines de semana, como tiendas, restaurantes y el sector turístico.
- Formalización de aprendices del SENA: Reconocer salario completo, seguridad social y prestaciones legales a los aprendices incrementará los costos para empresas que dependen de estos programas de formación.
En una empresa tipo de 100 trabajadores, estas medidas representan un sobrecosto anual de aproximadamente $157 millones, equivalente a varios meses de nómina o a una parte significativa de la utilidad neta. Para una microempresa del sector HORECA con 10 empleados, el impacto asciende a $22 millones al año, una cifra que puede llevar al cierre de negocios con márgenes ajustados.
Consecuencias económicas: Informalidad y pérdida de empleos
Las mipymes, que generan más de la mitad del empleo formal en Colombia, enfrentan un entorno ya desafiante por la inflación, los costos energéticos y la desaceleración económica. ACOPI advierte que la reforma, al carecer de un esquema de transición o medidas compensatorias, podría desencadenar una serie de efectos negativos:
- Aumento de la informalidad: Con 14 millones de trabajadores en condiciones de informalidad, desempleo o autoempleo (75% de la población en edad de trabajar), la reforma no ofrece soluciones para este grupo y podría agravar la situación al desincentivar la contratación formal.
- Reducción del empleo formal: Especialmente en regiones donde las mipymes son el principal motor económico, la carga de los nuevos costos podría traducirse en despidos o congelamiento de contrataciones.
- Cierre de negocios: Microempresas en sectores intensivos en mano de obra, como el comercio y la gastronomía, enfrentan un riesgo elevado de quiebra.
- Pérdida de competitividad: Comparada con países de la región con regulaciones laborales más flexibles, Colombia podría quedar en desventaja, afectando su atractivo para la inversión.
La experiencia en América Latina, como los casos de Argentina y Perú, muestra que reformas laborales rígidas pueden contraer el empleo formal y debilitar el tejido empresarial, un riesgo que ACOPI busca evitar.
Falta de concertación: Un proceso cuestionado
ACOPI critica la ausencia de una concertación tripartita efectiva, un requisito constitucional que obliga a incluir a empleadores, trabajadores y el Gobierno en el diseño de políticas laborales. La reforma, aprobada bajo presiones políticas para evitar una consulta popular, ignora las realidades del sector productivo y los estudios técnicos que advierten sobre su impacto. “Una reforma laboral debe ser socialmente justa y económicamente viable”, subraya el gremio, lamentando que el Senado no haya considerado las necesidades de las mipymes, que son la columna vertebral de la economía colombiana.
Sectores en la cuerda floja
Los sectores más afectados serán aquellos intensivos en mano de obra y con horarios extendidos, como el comercio, el turismo, la gastronomía, la economía popular, el entretenimiento y los servicios especializados. Por ejemplo, una panadería de barrio que opera los fines de semana enfrentará un aumento significativo en los costos de personal, lo que podría obligarla a subir precios o reducir su plantilla. En el sector de la seguridad privada, el recargo nocturno desde las 7:00 p.m. incrementará las cuotas de administración en conjuntos residenciales, afectando directamente a los hogares.
Un llamado al diálogo
ACOPI hace un llamado urgente al Gobierno, al Congreso y a los actores sociales para abrir espacios de concertación que equilibren los derechos laborales con la sostenibilidad empresarial. El gremio propone medidas como:
- Esquemas de transición: Implementar los cambios de manera gradual para permitir la adaptación de las mipymes.
- Incentivos compensatorios: Subsidios o exenciones tributarias para mitigar el impacto en sectores vulnerables.
- Foco en la informalidad: Políticas específicas para integrar a los 14 millones de trabajadores informales al mercado laboral formal.
“Seguiremos defendiendo la sostenibilidad de las mipymes como pilar del empleo y la economía nacional”, afirmó ACOPI, reiterando su compromiso con un empleo digno, pero sostenible.
La reforma laboral de 2025, pendiente de conciliación entre Senado y Cámara antes del 20 de junio, representa un desafío mayúsculo para las mipymes y el empleo formal. Mientras el Gobierno defiende la reforma como un avance hacia la equidad, ACOPI advierte que su implementación sin ajustes podría desencadenar una crisis en el tejido empresarial. En un país donde las mipymes sostienen más de la mitad del empleo formal, el equilibrio entre justicia social y viabilidad económica será clave para evitar un retroceso en la recuperación postpandemia.
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