La polémica consulta popular impulsada por el Gobierno para refrendar su reforma laboral enfrenta un nuevo obstáculo. El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, anunció este martes que solicitará un concepto previo a la Sala Quinta del Consejo de Estado antes de decidir si acata o no el decreto presidencial que convoca a las urnas el 7 de agosto de 2025. Esta decisión, que busca claridad jurídica en medio de una tormenta política, pone en pausa el proceso y subraya la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones democráticas.
Un dilema jurídico en el corazón del proceso
El pasado 11 de junio, el ejecutivo firmó el Decreto 0639, convocando a una consulta popular con 12 preguntas sobre su reforma laboral, pese a que el Senado rechazó esta iniciativa el 14 de mayo con 49 votos en contra y 47 a favor. El Gobierno argumenta que la votación del Senado incurrió en irregularidades, como el cierre abrupto del proceso que impidió la participación de todos los senadores presentes, lo que, según el Ejecutivo, vicia la decisión y justifica el «decretazo». Sin embargo, la oposición y juristas consideran que esta acción vulnera la separación de poderes y el artículo 104 de la Constitución, que exige el aval previo del Senado para convocar consultas populares.
Penagos Giraldo, consciente de la encrucijada, reconoció que Colombia enfrenta un «problema jurídico» debido a los conceptos contradictorios entre el Gobierno y el Congreso. «Ante la controversia, la justicia debe tener la última palabra», afirmó, justificando su decisión de consultar al Consejo de Estado. Esta movida no solo refleja la prudencia del registrador, sino que también busca blindar a la Registraduría frente a posibles acusaciones de prevaricato, un delito que, según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, podría imputarse si Penagos acata el decreto sin claridad legal.
La logística: Un desafío monumental
Más allá del debate jurídico, Penagos advirtió que organizar una consulta popular requiere meses de preparación y una logística compleja. Según estimaciones, el proceso costaría cerca de $700.000 millones, recursos que deben solicitarse al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN). Además, la Registraduría debe garantizar la infraestructura para 40 millones de potenciales votantes, aunque la participación histórica en consultas similares, como la anticorrupción de 2018, no superó los 13 millones requeridos para validar el resultado.
La fecha propuesta por el Gobierno, el 7 de agosto, coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, lo que añade un simbolismo político, pero también presión logística. Penagos destacó que, incluso si el Consejo de Estado diera luz verde, cumplir con el calendario electoral sería un reto titánico, especialmente considerando que la Registraduría aún no ha sido notificada formalmente del decreto en algunos reportes.
La batalla en las Cortes: Consejo de Estado vs. Corte Constitucional
La decisión del Registrador de consultar al Consejo de Estado refuerza la tesis de la oposición, que sostiene que este tribunal es el competente para resolver la legalidad del decreto, en lugar de la Corte Constitucional, como insiste el Ejecutivo. El Consejo de Estado ya admitió una demanda contra la votación del Senado, reconociéndola como un acto administrativo definitivo, lo que podría invalidar los argumentos del Gobierno sobre supuestas irregularidades.
Por su parte, el Ejecutivo ha enviado el decreto a la Corte Constitucional, argumentando que esta instancia tiene la tarea de controlar constitucionalmente las consultas populares. Esta disputa sobre competencias judiciales podría prolongar la incertidumbre, con el riesgo de que el Consejo de Estado emita medidas cautelares que suspendan el proceso mientras se resuelve de fondo.
Reacciones y tensiones políticas
La solicitud de Penagos ha generado reacciones encontradas. La oposición, liderada por figuras como Efraín Cepeda y Paloma Valencia, celebra la prudencia del registrador y reitera que el decreto es «inconstitucional» y representa un «golpe al Estado de Derecho». Ocho partidos políticos, incluidos Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, han instado a Penagos a aplicar la «excepción de inconstitucionalidad», una figura que le permitiría no acatar el decreto si lo considera contrario a la Constitución.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defiende la legalidad del decreto y asegura que el Ejecutivo confía en que el Senado apruebe la reforma laboral antes del 20 de junio, lo que derogaría la consulta. Sin embargo, la discusión en el Senado se ha estancado, con 420 proposiciones pendientes que complican el trámite.
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