La Plenaria del Senado aprobó por mayorías el artículo 23 del proyecto de ley de la #ReformaLaboral, reafirmando el carácter laboral del contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Con una votación de 50 votos a favor y 43 en contra, esta decisión refuerza los derechos de los aprendices, garantizando que su vinculación tenga las características de un contrato laboral formal. Este avance, enmarcado en el debate de la reforma laboral del gobierno, subraya el compromiso con la formación técnica y la protección de los jóvenes trabajadores.
El Artículo 23: Un respaldo al contrato de aprendizaje
El artículo 23 del proyecto de reforma laboral establece que el contrato de aprendizaje del SENA, utilizado para vincular a aprendices en procesos de formación técnico-profesional, tiene naturaleza laboral. Esto implica que los aprendices, que en 2024 sumaron más de 1,2 millones según el SENA, tendrán derecho a prestaciones sociales básicas, como afiliación a seguridad social en salud y riesgos laborales, así como a un auxilio económico equivalente al 75% del salario mínimo durante la fase lectiva y al 100% en la fase productiva.
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, defendió la medida como un paso hacia la dignificación del trabajo juvenil. “Los aprendices del SENA no son solo estudiantes; son trabajadores que aportan al desarrollo económico del país. Este artículo garantiza que su esfuerzo sea reconocido con derechos laborales”, afirmó. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la aprobación, destacando que fortalece el modelo de formación dual del SENA, que combina educación teórica con práctica en empresas.
Por otro lado, la oposición, representada por senadores como Paloma Valencia (Centro Democrático) expresó preocupaciones sobre el impacto económico de la medida. “Reconocer el contrato de aprendizaje como laboral puede desincentivar a las empresas a vincular aprendices, especialmente a las pymes, que representan el 90% del tejido empresarial”, señaló Valencia. Según la ANDI, los costos adicionales para las empresas podrían ascender a $1,5 billones anuales, lo que podría reducir las 300.000 plazas de aprendizaje disponibles anualmente.
Contexto: Un debate intenso en la Reforma Laboral
La aprobación del artículo 23 se produce en un momento crítico para la reforma laboral, que busca reducir la informalidad (56% según el DANE) y mejorar las condiciones de trabajo en Colombia. El proyecto, presentado en marzo de 2023, ha avanzado en más del 75% de su articulado, pero enfrenta tensiones tras la eliminación de los artículos 37 y 38, que permitían cotizaciones por horas, el pasado 17 de junio. La votación del artículo 23, con 50 votos a favor y 43 en contra, refleja un apoyo mayoritario de las bancadas del Pacto Histórico, el Partido Liberal y sectores del Partido de la U, aunque la oposición mantuvo una postura crítica.
El SENA, como institución clave en la formación técnica, desempeña un rol central en la reforma. En 2024, la entidad formó a 9,2 millones de personas, de las cuales el 13% se vincularon como aprendices en empresas. La reafirmación del carácter laboral del contrato de aprendizaje busca alinear esta formación con las necesidades del mercado laboral, pero también plantea retos logísticos. El SENA estima que implementar esta medida requerirá un presupuesto adicional de $800.000 millones para 2026, recursos que deberán gestionarse con el Ministerio de Hacienda.
Implicaciones para aprendices y empresas
La aprobación del artículo 23 tiene un impacto directo en los aprendices, quienes ahora contarán con mayores garantías laborales. Por ejemplo, un aprendiz en la fase productiva, que actualmente recibe $1.160.000 (salario mínimo de 2025), tendrá derecho a cotizaciones a pensión y salud, lo que mejora su protección social. Además, la medida fortalece la vinculación de aprendices en sectores estratégicos como la construcción, la tecnología y la agroindustria, que concentran el 60% de las plazas de aprendizaje, según el SENA.
Sin embargo, las empresas enfrentan nuevos desafíos. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que los costos adicionales podrían llevar a una reducción del 20% en las plazas de aprendizaje, especialmente en pequeñas empresas que operan con márgenes ajustados. “El espíritu de la medida es positivo, pero sin incentivos fiscales, muchas pymes optarán por no vincular aprendices”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. En respuesta, el Gobierno ha propuesto exenciones tributarias para empresas que mantengan o amplíen sus programas de aprendizaje, una idea que aún está en discusión.
Retos legislativos y políticos
Con la legislatura acercándose a su fin el 20 de junio, el Senado enfrenta la presión de conciliar los 42 artículos pendientes de la reforma laboral. La aprobación del artículo 23 refuerza el apoyo al proyecto en sectores progresistas, pero la oposición insiste en que el articulado restante debe debatirse con mayor profundidad.
El Gobierno, por su parte, intensifica su estrategia para asegurar la aprobación de la reforma. El presidente Petro, cuya popularidad se sitúa en el 38% según Invamer, defendió el artículo 23 en redes sociales, afirmando que “los aprendices del SENA son el futuro de Colombia, y su trabajo debe ser digno”. El ministro Sanguino, se reunirá con bancadas del Partido Liberal y Cambio Radical para buscar consensos antes del cierre legislativo.
Un termómetro del futuro laboral
La aprobación del artículo 23 es un hito en la reforma laboral, pero también un termómetro de los desafíos que enfrenta Colombia en la construcción de un mercado laboral inclusivo. Al reconocer el contrato de aprendizaje como laboral, el país da un paso hacia la formalización de los jóvenes, un grupo donde la tasa de desempleo alcanza el 16,7%, según el DANE. Sin embargo, el equilibrio entre los derechos de los aprendices y la sostenibilidad económica de las empresas será crucial para evitar efectos adversos.
El rol del SENA, que en 2024 generó un impacto económico de $12,3 billones a través de su formación, se fortalece con esta medida. Sin embargo, la entidad deberá trabajar en alianza con el sector privado para garantizar que las plazas de aprendizaje no disminuyan. Programas como “SENA Emprende”, que apoyó a 15.000 emprendedores en 2024, podrían complementarse con incentivos para empresas que vinculen aprendices, creando un ecosistema de formación y empleo más robusto.
La reforma laboral, con este nuevo avance, se posiciona como un esfuerzo por construir un mercado laboral más equitativo, pero su futuro dependerá de la habilidad política para navegar un Congreso dividido y una economía en recuperación. Mientras tanto, los aprendices del SENA, como motor de la productividad colombiana, tienen ahora un reconocimiento que podría marcar la diferencia en sus vidas.
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