La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reveló un incremento alarmante en los pagos por reclamaciones de accidentes de tránsito con vehículos no identificados o sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) entre enero y abril de 2025. Según la entidad, se desembolsaron 167.000 millones de pesos, una cifra que triplica (3,6 veces) los 46.000 millones pagados en el mismo período de 2024. Este informe refleja un desafío creciente para el sistema de salud y plantea interrogantes sobre la fiscalización del SOAT y la seguridad vial en el país. A continuación, analizamos los datos, las regiones más afectadas y las implicaciones económicas de esta tendencia.
Un incremento que preocupa
En abril de 2025, Adres procesó 34.862 nuevas reclamaciones, equivalentes a 79.012 millones de pesos, lo que representa una reducción del 19,3% en el valor reclamado y del 20,9% en el número de casos frente a abril de 2024, cuando se reportaron 43.214 reclamaciones por 99.827 millones de pesos. Sin embargo, dentro de este panorama, destaca un aumento del 46,2% en las reclamaciones relacionadas con vehículos sin SOAT, con 16,118 solicitudes que sumaron 31,264 millones de pesos. Este repunte sugiere que, aunque el volumen general de reclamaciones disminuyó, los casos de incumplimiento del seguro obligatorio están creciendo de manera significativa, poniendo presión adicional sobre los recursos públicos.
Adres explicó que los accidentes de tránsito constituyen el 99,8% de las reclamaciones y el 99,5% del valor total reportado en abril, consolidándose como el principal evento reclamado. Esta dependencia del sistema de salud para cubrir faltas de aseguramiento resalta la necesidad de reforzar las políticas de cumplimiento del SOAT, especialmente en un contexto donde el gasto público está proyectado en 24,4% del PIB para 2026, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
Regiones en la Mira
El Valle del Cauca emerge como el epicentro de la siniestralidad, concentrando casi el 25% del valor total de las reclamaciones por vehículos sin SOAT, con 19,673 millones de pesos. Le siguen Atlántico, con 9,3% (equivalente a una cifra no detallada en el texto pero proporcional), y Magdalena, con 8,4% y 6.643 millones de pesos. Al analizar la tasa de incidencia por cada mil habitantes, el Valle del Cauca lidera con 2,70 reclamaciones, seguido por Córdoba (1,56), Magdalena (1,55), Amazonas (1,47) y Cesar (1,30), frente a un promedio nacional de 0,66. Estas cifras indican una concentración desproporcionada de accidentes en estas regiones, posiblemente vinculada a factores como el uso masivo de motocicletas, la densidad vial o la falta de control en el registro de seguros.
La alta incidencia en el Valle representa del Cauca podría estar relacionada con su infraestructura urbana y la prevalencia de vehículos de dos ruedas, que el 96% de los casos donde se identificó el tipo de vehículo involucrado. Esta tendencia subraya la urgencia de campañas de sensibilización y fiscalización en zonas de mayor riesgo.
Perfil de las víctimas y desafíos de género
Los datos de Adres revelan que los hombres encabezan las reclamaciones, representando el 61% del total (15.262 casos), frente al 32% de mujeres (8.018 casos), con un 7% de registros sin información de género. Esta disparidad podría reflejar patrones de movilidad, como el mayor uso de motocicletas por parte de hombres en actividades laborales o comerciales, un sector donde el incumplimiento del SOAT es más común. Sin embargo, la falta de datos completos en el 7% de los casos sugiere desafíos en la recolección de información, lo que podría subestimar el impacto real en ciertos grupos poblacionales.
Un llamado a la acción
El informe de reclamaciones por vehículos sin SOAT en 2025 refleja no solo un problema de cumplimiento, sino también una oportunidad para reevaluar las políticas de seguridad vial. Dirección ha fortalecido sus controles, pero la solución requiere un enfoque integral: mayor fiscalización, incentivos para la adquisición del SOAT y campañas educativas, especialmente en regiones de alta incidencia. Mientras el país enfrenta retos económicos como la inflación (7,2% en mayo de 2025 según el DANE) y la transición energética, la gestión de estos accidentes será clave para proteger los recursos públicos y la calidad de vida de los colombianos.
