La propuesta del Gobierno de implementar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) dirigido a los consumidores más ricos ha desatado una intensa controversia en Colombia. La iniciativa busca gravar a las clases pudientes y desincentivar el consumo de productos nocivos, como azúcares y combustibles fósiles, mientras se avanza hacia un sistema tributario más progresivo. Sin embargo, expertos como José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), han expresado serias dudas sobre su viabilidad técnica y los riesgos fiscales que podrían generar. Este debate, que revive los fantasmas de la fallida reforma tributaria de 2021, pone en el centro la complejidad de reformar el sistema fiscal en un país con profundas desigualdades.
Una reforma progresiva con obstáculos técnicos
El presidente Petro planteó en X que “el IVA debe ponerse sobre los consumidores ricos y el impuesto mayor debe ir sobre las rentas no productivas de las clases pudientes del país”. La idea, según el mandatario, es focalizar el IVA en quienes tienen mayor capacidad de pago, al tiempo que se grava el consumo de bienes considerados perjudiciales, como azúcares y combustibles fósiles. Este enfoque busca no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también promover un modelo tributario más equitativo y sostenible, alineado con los objetivos de justicia social del gobierno.
Sin embargo, José Ignacio López, en entrevista con Mañanas Blu, cuestionó la factibilidad de esta propuesta. “La verdad no sabemos muy bien qué significa”, afirmó, señalando que un IVA diferenciado podría implicar un esquema de devoluciones similar al propuesto en la reforma tributaria de 2021, liderada por el entonces ministro Alberto Carrasquilla. Dicho esquema, que buscaba devolver el IVA a los quintiles de ingreso más bajos, fue duramente criticado y finalmente descartado tras protestas masivas. López advirtió que implementar un IVA focalizado en los ricos requeriría una infraestructura administrativa robusta para identificar a los consumidores de mayores ingresos, algo que el sistema tributario colombiano no tiene actualmente. Además, la definición de “consumidores ricos” plantea retos técnicos, ya que el IVA es un impuesto al consumo, no al ingreso, lo que dificulta su aplicación selectiva.
Los riesgos fiscales y el fantasma de 2021
La propuesta del Gobierno no es nueva. En 2021, la reforma tributaria de Carrasquilla buscó ampliar la base gravable del IVA, incluyendo productos de la canasta familiar, lo que desató una ola de rechazo social por su impacto en los hogares de menores ingresos. López señaló que el Gobierno podría estar “replicando lo que combatió” al intentar un IVA diferenciado, ya que cualquier cambio en este impuesto tiende a afectar a toda la cadena de consumo. “Si hacia allá va el Gobierno, estaría repitiendo los errores del pasado”, afirmó, destacando que un IVA mal diseñado podría incrementar los precios de bienes básicos, golpeando a los sectores más vulnerables, incluso con mecanismos de devolución.
Desde el punto de vista fiscal, la propuesta enfrenta varios riesgos. Según datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el gasto público en Colombia alcanzará el 24,4% del PIB en 2026, con un endeudamiento proyectado al 63% del PIB. En este contexto, aumentar la recaudación es crucial, pero un IVA mal estructurado podría generar más inflación, reducir el poder adquisitivo y desincentivar el consumo, afectando el crecimiento económico. Además, la experiencia internacional muestra que los impuestos al consumo selectivo, como los propuestos para azúcares y fósiles, requieren una implementación cuidadosa para evitar distorsiones en el mercado. Por ejemplo, México y Chile han aplicado impuestos a bebidas azucaradas con resultados mixtos, logrando reducir el consumo, pero enfrentando críticas por el impacto en los sectores más pobres.
Implicaciones para la economía y la sociedad
La propuesta también tiene un trasfondo político y social. Por un lado, busca responder a las demandas de mayor progresividad tributaria, un pilar del discurso del Pacto Histórico. Gravando a las clases pudientes y los bienes “nocivos”, el gobierno pretende financiar programas sociales y avanzar en la transición energética. Sin embargo, el impacto en la economía podría ser doble: mientras un IVA diferenciado podría generar ingresos adicionales, también podría aumentar los costos para las empresas, especialmente en sectores como alimentos procesados y combustibles, que ya enfrentan presiones por la inflación, que en mayo de 2025 se situó en 7,2% según el DANE.
Además, la falta de claridad en la propuesta genera incertidumbre en los mercados. Como señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, en un contexto donde el gobierno ya enfrenta críticas por suspender la regla fiscal, cualquier reforma tributaria debe ser cuidadosamente diseñada para no agravar la percepción de riesgo del país. Un aumento en los costos de la deuda, que según Mac Master podría costar 30 billones de pesos en intereses adicionales en 2026, limitaría aún más el espacio fiscal para financiar las prioridades del gobierno.
Un debate que requiere consenso
El planteamiento del Gobierno reabre el debate sobre cómo lograr un sistema tributario más justo sin sacrificar la estabilidad económica. La experiencia de 2021 demuestra que las reformas fiscales son un terreno políticamente sensible en Colombia, donde el 60% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad económica, según el DANE. La propuesta de un IVA diferenciado y de impuestos a rentas no productivas podría ganar apoyo entre sectores que buscan mayor equidad, pero también enfrenta el desafío de no repetir los errores del pasado.
José Ignacio López instó al gobierno a clarificar los detalles técnicos de la propuesta ya evitar medidas que puedan generar inflación o afectar a los más pobres. “Se necesita una discusión seria y técnica, no solo política”, afirmó. En este sentido, la propuesta de Petro podría ser un punto de partida para un debate más amplio sobre la reforma tributaria, pero exigir un consenso político que hasta ahora ha sido esquivo. Como señaló Mac Master en su llamado a un “pacto nacional”, los grandes retos de Colombia, desde el endeudamiento hasta la seguridad, exigen acuerdos que trasciendan las diferencias ideológicas.
