En un giro político inesperado, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar una consulta popular que busca revivir su polémica reforma laboral, desafiando directamente al Senado de la República. Este movimiento, anunciado el 3 de junio de 2025, llega en medio de un tenso debate legislativo y tras el rechazo del Congreso a la iniciativa original en marzo y a un referendo en mayo. La decisión, que ha sido enviada a la Corte Constitucional para su revisión, marca un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, intensificando la polarización política en Colombia a un año de las elecciones de 2026.
Petro justificó su decisión alegando que el Senado bloqueó «fraudulentamente» la consulta popular propuesta en mayo, acusando a los legisladores de obstaculizar la voluntad popular. «El único dueño del poder en Colombia es el pueblo y nadie puede acallarlo», afirmó en una alocución televisada. El decreto, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, debía radicarse antes del 12 de junio, con la intención de realizar la votación el próximo 7 de agosto.
La consulta incluye 12 preguntas, ocho sobre la reforma laboral y cuatro sobre el sistema de salud. Entre las propuestas laborales destacan el fortalecimiento de garantías sindicales, el aumento del recargo nocturno, la ampliación de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, el presidente criticó la versión alternativa de la reforma aprobada en la Cuarta Comisión del Senado el pasado 27 de mayo, calificándola como una «contrarreforma» que desvirtúa sus objetivos al permitir contratos por horas.
Reacciones y Tensiones
La decisión de Petro ha desatado una tormenta política. La oposición, liderada por partidos como Cambio Radical y Centro Democrático, calificó la acción como «inconstitucional» y llamó a las instituciones de control, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a revisar la legalidad del decreto. «Es un rompimiento institucional», declararon en un comunicado conjunto, advirtiendo sobre un precedente peligroso para la separación de poderes.
Por otro lado, los sindicatos, encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), respaldan la consulta. La huelga nacional de 48 horas realizada el 28 de mayo y las más reciente movilizaciones del miércoles 11 de junio, mostró el apoyo de miles de trabajadores a las reformas de Petro. Edgar Mojica, vicepresidente de la CUT, afirmó que el gobierno debería usar decretos para restaurar derechos laborales, como la formalización del trabajo rural y la regulación de servicios públicos esenciales.
Implicaciones Económicas
La reforma laboral propuesta por Petro ha generado un intenso debate económico. El gobierno asegura que generará 91,000 empleos anuales al mejorar las condiciones laborales, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Sin embargo, gremios empresariales y sectores conservadores advierten que medidas como el aumento del recargo por trabajo dominical al 100% para 2027 y el adelanto del horario nocturno a las 7:00 p.m. podrían incrementar los costos para las empresas, especialmente las microempresas, que representan el 95% del tejido empresarial colombiano. Esto, según críticos, podría aumentar la informalidad en un país donde el 56% de los trabajadores opera en el sector informal.
La estrategia de Petro de recurrir a una consulta popular por decreto no solo busca sortear los obstáculos legislativos, sino también movilizar a su base electoral de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, su éxito depende de la Corte Constitucional, que deberá determinar si el decreto se ajusta a la Constitución. Expertos advierten que, de no prosperar, Petro podría enfrentar un desgaste político significativo, mientras que una aprobación reforzaría su narrativa de un mandato popular frente a un Congreso percibido como elitista.
Este movimiento consolida la imagen de Petro como un líder dispuesto a confrontar las instituciones tradicionales para cumplir sus promesas de campaña. No obstante, también plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en Colombia y el impacto económico de sus reformas en un contexto de incertidumbre global. Mientras la Corte Constitucional delibera, el país permanece expectante ante un capítulo clave en su historia política.
