El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), presidido por el ministro de Hacienda Germán Ávila, aprobó la suspensión de la regla fiscal por tres años, utilizando la cláusula de escape contemplada en la Ley 1473 de 2011. Esta medida, que permite al Gobierno mayor flexibilidad para incurrir en deuda, llega en un contexto de creciente déficit fiscal y presiones económicas, desatando preocupación entre analistas, exministros y organismos internacionales. La decisión, tomada pese a la oposición del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), podría tener profundas implicaciones para la política monetaria, la calificación crediticia y la confianza de los inversionistas.
La última suspensión de la regla fiscal ocurrió en 2021, justificada por la crisis del covid-19. Sin embargo, expertos advierten que la situación actual no presenta una emergencia comparable, lo que genera dudas sobre la necesidad de esta medida y sus consecuencias a largo plazo.
Déficit fiscal en aumento
El Plan Financiero 2025 proyectaba un déficit fiscal del 5,1% del PIB, pero analistas, liderados por Corficolombiana, estiman que esta meta no se cumplirá debido a una sobreestimación de los ingresos tributarios y la resistencia a implementar recortes significativos en el gasto público. Según proyecciones, el déficit podría alcanzar el 7,4% del PIB en 2025, un nivel récord que duplica el promedio de 3,7% registrado entre 2016 y 2020.
Corficolombiana calcula que el déficit a financiar será entre $26 billones y $47 billones superior a lo previsto, lo que ejercerá una presión adicional sobre las tasas de los Títulos de Tesorería (TES). Esta situación podría encarecer el endeudamiento, limitando los recursos disponibles para inversión social y productiva. El Carf ha señalado la necesidad de un ajuste fiscal de al menos $46,6 billones (2,6% del PIB) para cumplir con la regla fiscal, un objetivo que parece inalcanzable sin medidas estructurales.
Riesgos para la calificación crediticia
La suspensión de la regla fiscal ha generado alertas sobre la posible pérdida del grado de inversión de Colombia, actualmente en Baa2 con perspectiva negativa según Moody’s, la única agencia que aún mantiene esta calificación. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, advirtió que esta decisión podría llevar a Moody’s a rebajar la nota crediticia, lo que elevaría los costos de financiación y desincentivaría la inversión extranjera.
José Antonio Ocampo, también exministro, destacó que la medida podría cerrar el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), un instrumento reservado para países con fundamentos macroeconómicos sólidos. “Perder este acceso sería un golpe a la credibilidad fiscal de Colombia”, afirmó Ocampo, subrayando que la suspensión envía un mensaje de debilidad en la gestión de las finanzas públicas.
Impacto en los mercados y la inversión
La decisión del Confis, que será ratificada en un consejo de ministros para ajustar el Presupuesto General de la Nación, ha generado incertidumbre en los mercados internacionales. Restrepo señaló que suspender la regla fiscal proyecta desconfianza sobre el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal, lo que podría traducirse en una mayor prima de riesgo país y una devaluación del peso.
La inversión extranjera directa (IED), que ya cayó un 15,2% en 2024 según Crowe Co, podría verse aún más afectada. Los mayores costos de endeudamiento, reflejados en tasas de interés más altas, impactarían no solo al Estado, sino también a los hogares y las empresas, encareciendo créditos hipotecarios y de consumo. Además, la percepción de inestabilidad política y la falta de claridad en la política económica podrían alejar capitales en un momento en que otros países de la región refuerzan su disciplina fiscal.
Consecuencias para la economía colombiana
El aumento del déficit fiscal, que podría superar los $120 billones en 2025, limita el margen para financiar programas sociales, infraestructura y otros sectores clave. Según el Carf, un tercio de los ingresos tributarios ya se destina al pago de intereses de la deuda, reduciendo los recursos disponibles para inversión productiva. La suspensión de la regla fiscal podría exacerbar esta situación, al permitir un mayor endeudamiento sin un plan claro para corregir los desequilibrios estructurales.
Analistas como Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo han advertido que la medida carece de una justificación técnica sólida, lo que podría agravar la desconfianza de los inversionistas. “Si el Gobierno opta por la cláusula de escape sin una razón clara, las consecuencias serán negativas para la deuda pública y la credibilidad del país”, afirmó Mejía.
Perspectivas y desafíos
La suspensión de la regla fiscal otorga al Gobierno mayor flexibilidad para financiar sus prioridades, pero a un costo elevado. La deuda pública, que alcanzó el 61,3% del PIB en 2024, podría superar el 62% en 2026, según Fitch Ratings. Sin un ajuste estructural que combine recortes de gasto y un aumento en los ingresos, Colombia enfrenta el riesgo de una crisis fiscal prolongada.
El próximo Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se presentará en los próximos días, será crucial para evaluar la estrategia del Gobierno frente a este panorama. Expertos insisten en la necesidad de implementar medidas de austeridad, como recortes homogéneos en el gasto de funcionamiento, para evitar un deterioro mayor. César Pabón de Corficolombiana propuso un recorte presupuestal de al menos $30 billones, enfocándose en limitar el crecimiento del gasto público a la tasa de inflación proyectada.
En conclusión, la suspensión de la regla fiscal por tres años representa un giro arriesgado para la economía colombiana. Si bien ofrece un alivio temporal, las consecuencias a mediano plazo podrían incluir mayores costos de endeudamiento, menor inversión y una posible pérdida del grado de inversión, afectando tanto al Estado como a los ciudadanos. La capacidad del Gobierno para recuperar la confianza de los mercados y organismos internacionales será determinante para mitigar estos riesgos.
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