La Fiscalía General de la Nación anunció este 3 de junio de 2025 que imputará cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal María Cristina Patiño, encargada del caso, explicó que la imputación se formalizará una vez que un juez de control de garantías avale un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y testigo clave en la investigación. Este caso, que involucra contratos millonarios en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), sacude al entorno político del presidente Gustavo Petro y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión pública.
Un escándalo que trasciende Bogotá
La investigación de la Fiscalía ha identificado a la UNGRD como el epicentro de un esquema de corrupción que, según la fiscal Patiño, no se limitó a Bogotá, sino que se extendió a regiones como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. En estos municipios, se habrían direccionado contratos por un total de $92.000 millones a cambio de votos de congresistas en 2023 para aprobar proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, incluyendo operaciones de crédito público. “Este caso no se desarrolló solamente en Bogotá. Hemos tenido que realizar labores de corroboración que requieren tiempo”, afirmó Patiño, subrayando la complejidad de las pesquisas.
La presunta participación de Bonilla está ligada a uno de los cuatro capítulos del escándalo, específicamente el relacionado con la adjudicación de contratos a senadores y representantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según la Fiscalía, Bonilla habría coordinado con Benavides, Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector) el direccionamiento de estos contratos para obtener apoyo político.
El rol de María Alejandra Benavides
María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, se ha convertido en una figura clave en la investigación. En su testimonio bajo juramento, Benavides afirmó que el exministro la presionó para gestionar desembolsos millonarios a la UNGRD y coordinar con congresistas interesados en los contratos. Según la Fiscalía, el 31 de octubre de 2023, Bonilla instruyó a Benavides para que recibiera proyectos de inversión regional propuestos por parlamentarios, los cuales se tramitaron a través de la UNGRD.
El 11 de diciembre de 2023, Benavides entregó a Jaime Ramírez Cobo, enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), un sobre sellado con los detalles de los proyectos, incluyendo nombres de contactos en los municipios involucrados, como Harry Bejarano en Cotorra y Camilo Díaz en Saravena. La exasesora, que enfrenta cargos por tráfico de influencias, ha denunciado amenazas contra su vida y negocia un principio de oportunidad con la Fiscalía para colaborar como testigo clave contra Bonilla y otros implicados.
Contratos bajo la lupa
Los contratos en cuestión, por un valor total de $92.000 millones, incluyen uno en Cotorra (Córdoba) por $50.000 millones, otro en Saravena (Arauca) por $30.000 millones y un tercero en Carmen de Bolívar (Bolívar) por $12.356 millones. Estos proyectos, supuestamente destinados a obras de prevención de desastres, habrían sido utilizados para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público, como Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
La Fiscalía ha señalado que las reuniones clave, como una celebrada el 6 de diciembre de 2023 en el despacho de Bonilla con la presencia de Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) y Jaime Ramírez Cobo, fueron determinantes para acordar la gestión de estos contratos. La aprobación de operaciones de crédito en diciembre de 2023, tras meses de aplazamientos, coincidió con estas negociaciones, según el ente acusador.
Reacciones y contexto político
El anuncio de la imputación ha generado revuelo en el panorama político colombiano. Bonilla, quien ha negado las acusaciones y afirmado que sus actos se enmarcan en la legalidad, ha manifestado su disposición a ser escuchado por la Fiscalía. Sin embargo, su defensa ha insistido en que no impartió instrucciones indebidas y que las acusaciones de Benavides carecen de fundamento.
El caso UNGRD ha salpicado a otras figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro, incluyendo a exministros como Luis Fernando Velasco y congresistas como Iván Name y Andrés Calle, señalados por presuntos sobornos. La investigación también ha revelado un posible esquema de “compra” de votos legislativos, lo que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a abrir indagatorias contra varios congresistas.
Un precedente para la justicia
La imputación de Bonilla, que se espera sea formalizada tras la aprobación del principio de oportunidad de Benavides, marca un nuevo capítulo en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno Petro. La Fiscalía, que ha recopilado testimonios, audios y documentos, busca esclarecer la magnitud del entramado y determinar responsabilidades. Este caso no solo pone en entredicho la gestión de la UNGRD, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
