La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha anunciado un paro indefinido a partir del 16 de junio de 2025 en las vías de Cauca y Nariño, en respuesta a la grave crisis de inseguridad, el deterioro de las carreteras y el reciente aumento en la retención en la fuente. El presidente de la ACC, Alfonso Medrano, advirtió que la protesta podría extenderse a nivel nacional si el Gobierno no atiende las demandas del sector, que se encuentra al borde de la quiebra. Esta movilización, que también responde al incumplimiento de acuerdos previos y al cierre de la frontera con Ecuador, pone en el centro del debate las dificultades que enfrentan los transportadores en Colombia.
Inseguridad y abandono estatal: El detonante del paro
El sector camionero de Cauca y Nariño enfrenta una situación crítica debido a la inseguridad en las carreteras, exacerbada por la presencia de grupos armados ilegales en la región. Según la ACC, los conductores sufren constantes robos y asaltos, lo que pone en riesgo sus vidas y su sustento. “No hemos visto avances tras los acuerdos pactados en marzo”, afirmó Medrano, refiriéndose a las promesas hechas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y autoridades regionales como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y los alcaldes de Ipiales y Pasto.
Además, el mal estado de la vía Panamericana y otras rutas clave dificulta las operaciones logísticas, aumentando los costos operativos para los transportadores. El cierre de la frontera con Ecuador, que obstruye el transporte internacional, ha agravado aún más la situación, limitando las oportunidades de comercio transfronterizo y afectando la economía regional.
Rechazo al decreto de retención en la fuente
Uno de los puntos más controvertidos es el reciente decreto que incrementa la retención en la fuente del 1% al 3,5%, una medida que la ACC califica como “antitécnica, confiscatoria e inconstitucional”. Según el gremio, este aumento afecta de manera desproporcionada a los pequeños transportadores, que representan el 85% del sector y apenas logran cubrir sus costos operativos. “Golpea de forma letal las ya golpeadas economías de miles de pequeños propietarios”, denunció la ACC en una carta dirigida al Gobierno.
El gremio exige la derogación inmediata de este decreto, argumentando que su implementación sin trámite legislativo previo viola el principio de legalidad tributaria. Esta medida, sumada a la falta de respuestas concretas por parte de la ministra Rojas, ha llevado a los camioneros a exigir su renuncia o soluciones inmediatas.
Demandas y llamado al diálogo
La ACC ha planteado varias demandas claras al Gobierno. Entre ellas, destaca la necesidad de reiniciar mesas de trabajo con los ministerios de Transporte, Interior, Defensa, Energía, Hacienda y Trabajo, así como con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría. Estas mesas deben tener una participación activa y resolutiva para abordar problemas estructurales como la inseguridad, el estado de las vías y las políticas tributarias.
Además, los camioneros solicitan garantías de seguridad para realizar sus labores sin temor a ataques y una revisión urgente de las políticas que afectan su sostenibilidad económica. “El sector está al borde de la quiebra”, advirtió Medrano, subrayando que la falta de acción podría escalar el paro a nivel nacional.
Contexto de tensiones previas
El anuncio del paro se produce en un contexto de tensiones previas entre los camioneros y el Gobierno. En 2024, protestas similares en Cauca y Nariño por el aumento en los precios del diésel llevaron a bloqueos en la frontera con Ecuador, causando desabastecimiento de combustible y alimentos. Aunque se alcanzó un acuerdo en septiembre de 2024 que incluyó incrementos graduales en el precio del diésel y mejoras en la infraestructura vial, los transportadores denuncian que estos compromisos no se han cumplido.
La inseguridad en Cauca y Nariño, agravada por la presencia de grupos armados y el colapso de las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC, sigue siendo un obstáculo para los transportadores. Estas regiones, claves para el comercio y la conectividad con Ecuador, enfrentan un aumento en la violencia, lo que ha convertido las carreteras en zonas de alto riesgo.
