Un controvertido proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone incrementar la retención en la fuente para las comercializadoras de oro en Colombia, pasando del 1% al 2,5%, ha desatado una ola de preocupación en Antioquia, la principal región exportadora de este metal precioso en el país. Esta medida, que busca aumentar el recaudo fiscal, amenaza con generar un impacto devastador en la industria minera local, que representa un pilar económico clave para la región y el país. Según datos oficiales, las exportaciones de oro colombianas alcanzaron los 649 millones de dólares entre enero y febrero de 2025, con Antioquia como protagonista indiscutible. «Queremos advertir que este ajuste impositivo podría frenar en seco esta dinámica, comprometiendo no solo el liderazgo exportador de la región, sino también los avances en la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)», indicó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.
El incremento propuesto elevaría la carga fiscal implícita para los mineros que venden a través de comercializadoras hasta un 11%, un nivel que, según expertos y gremios, resulta insostenible para un sector ya enfrentado a múltiples desafíos. “Esta medida no solo desincentiva la formalización, sino que podría empujar a los pequeños mineros hacia circuitos informales o incluso al contrabando”, alertó Díaz Molina. Los gremios advierten que el aumento de la retención en la fuente generaría una migración masiva del comercio de oro hacia canales ilegales, lo que debilitaría el tejido empresarial formal y socavaría los esfuerzos del país por implementar prácticas mineras responsables.
Las consecuencias de esta medida trascienden el ámbito económico. Una previsible caída en el volumen de oro comercializado legalmente podría traducirse en una reducción del recaudo fiscal, afectando directamente las finanzas públicas y los recursos destinados a programas sociales y de desarrollo en regiones productoras como Antioquia. “Es un contrasentido: en el afán de aumentar los ingresos fiscales, el gobierno podría terminar recaudando menos y agravando problemas estructurales como la informalidad y el contrabando”, señala María Fernanda Ospina, analista económica de la Universidad de Antioquia.
El sector minero, que genera miles de empleos directos e indirectos en la región, urge al gobierno a reconsiderar la propuesta y abrir un diálogo con los actores involucrados. Analdex ha solicitado mesas de trabajo para buscar alternativas que equilibren las necesidades fiscales del Estado con la sostenibilidad de la industria. Mientras tanto, la incertidumbre reina en Antioquia, donde la posible aprobación del decreto se percibe como una amenaza existencial para un sector que ha sido motor de desarrollo y orgullo regional.
