Un fallo en la red eléctrica dejó sin servicio a cerca de 8 millones de ciudadanos en Chile el martes 25 de febrero, afectando sectores clave de la economía, incluyendo la minería. La situación aún no se ha normalizado completamente y ha generado fuertes críticas del presidente Gabriel Boric, quien anunció medidas contra las empresas responsables.
El apagón, que inició a las 3:16 p.m., se debió a una falla en la Línea de Transmisión Eléctrica a doble circuito Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, operada por Interchile, filial de la colombiana ISA. La compañía informó que la desconexión automática de los circuitos se debió a la activación «no deseada» de sus esquemas de protección. Aunque el servicio comenzó a restablecerse 44 minutos después del incidente, a la mañana del miércoles 26 aún no estaba completamente solucionado.
Reacciones y medidas del Gobierno
El presidente Boric calificó la situación como «indignante» y aseguró que se tomarán medidas firmes contra las empresas responsables. «No es posible que la vida cotidiana de millones de chilenos se vea alterada de esta forma por empresas que no hacen bien su trabajo», afirmó. En respuesta, el Gobierno decretó estado de excepción por catástrofe desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, e impuso un toque de queda desde las 22:00 del martes hasta las 6:00 del miércoles.
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Impacto en ISA y el sector eléctrico
La crisis llega en un momento clave para ISA, que el mismo día del apagón presentó sus resultados financieros de 2024, reportando una utilidad neta de $2,8 billones, un crecimiento del 14 % frente a los $2,4 billones del año anterior. No obstante, el incidente podría traer repercusiones legales y regulatorias para la empresa.
Luis Llano, gerente general de Interchile, aseguró que la compañía movilizó de inmediato sus equipos técnicos y que continúan las investigaciones para esclarecer las causas del fallo. Mientras tanto, el país sigue enfrentando las consecuencias de uno de los apagones más grandes de su historia reciente, con efectos directos en la economía y la confianza en el sector energético.
