La reforma pensional impulsada por el gobierno enfrenta un nuevo obstáculo en la Corte Constitucional, donde fue radicada una ponencia que solicita declararla inexequible en su totalidad debido a presuntas irregularidades en su trámite legislativo.
El documento, elaborado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, argumenta que la reforma no cumplió con el principio de doble debate en la Cámara de Representantes y el Senado, requisito fundamental para la aprobación de los proyectos de ley. Según la ponencia, la plenaria de la Cámara omitió de manera sustancial el debate, lo que representaría una violación al procedimiento legislativo.
Además, el texto advierte que durante la discusión y votación de la reforma se dejaron sin estudio más de 500 proposiciones, lo que habría impedido una deliberación adecuada y democrática.
La demanda y los argumentos en contra.
La ponencia surge a raíz de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que el Congreso violó el principio de constitucionalidad al aprobar sin discusión el texto que venía del Senado. Según Valencia, los ponentes de la Cámara omitieron explicar las diferencias con respecto a lo debatido previamente, lo que afectó la transparencia del proceso.
El magistrado Ibáñez aceptó estos argumentos y conclusiones de que la falta de debate en la Cámara representa una grave vulneración del procedimiento legislativo.
A este señalamiento se sumó la Procuraduría General de la Nación, que también solicitó a la Corte declarar inexequible la reforma, al considerar que el proceso legislativo no garantizó una deliberación rigurosa y democrática sobre los 95 artículos de la norma. Según la entidad, la plenaria de la Cámara de Representantes eludió el debate sustancial y se limitó a aprobar de manera rápida el texto recibido del Senado.
Lo que sigue en la Corte Constitucional
Fuentes cercanas al proceso señalan que el debate dentro de la Corte será complejo, ya que algunos magistrados han mostrado afinidad con el Gobierno en decisiones previas. Esto podría dificultar la aprobación de una ponencia que anule completamente la reforma y, en su lugar, dar paso a una postura más moderada, como el retorno del proyecto al Congreso para corregir los errores de trámite.
Con este escenario, el futuro de la reforma pensional sigue siendo incierto y dependerá de la decisión final de la Corte Constitucional, que podría marcar un hito en la agenda legislativa del gobierno.
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