En Antioquia se encuentra el peaje más caro del país

Foto: Cortesía

Desde ahora, los conductores que tomen la vía al Mar 1, la doble calzada a Santa Fé de Antioquia, antes de entrar al Túnel de Occidente, pagarán el peaje más caro del país, inclusive más que lo que se paga en el Túnel de Oriente y la Vía al Llano.

Devimar, es concesionaria de la doble calzada de 181 kilómetros que va hasta el Urabá, y pese al anuncio del Gobierno Nacional de no incrementar los precios de los peajes, decidió ajustar en más del 48% la tarifa del peaje con el argumento del incremento en el IPC a lo que le suma la entrega de obras. De igual manera, dicho incremento, obedece a una fórmula de modelo financiero que supuestamente se había pactado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la hora de firmar el contrato de concesión.

Así las cosas, la tarifa que deberán pagar los automóviles, camperos y camionetas será de $26.900; los buses, busetas y microbuses de $33.100; los vehículos de carga de tres y cuatro ejes $79.500; los vehículos de carga de cinco ejes $99.600; y los vehículos de carga de seis ejes $115.400.

La Concesionaria Devimar aseguró que está a la espera que el Decreto del Ministerio de Transporte sea publicado el Decreto en el Diario oficial para definir junto con la ANI si se dará un incremento o no con respecto a 2022.

Lo que muchos usuarios, conductores y habitantes aledaños de este peaje hoy se cuestionan, es cómo el Gobierno Nacional autoriza un incremento en dichos porcentajes, que inclusive alcanza el 70% en algunos vehículos. ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta la coyuntura económica del país y se permitan estos aumentos?, ¿Por qué el Ministerio de Transporte se demoró tanto en emitir este Decreto y no dejó socializada la decisión desde el año pasado y no cuando las concesionarias ya habían subido el precio de los peajes?

En protesta a esta situación, varios transportadores y conductores realizan una protesta en este peaje y otros del país, por lo que consideran un abuso por parte de las concesionarias y el Gobierno Nacional.