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Presidente Santos anuncia ofensiva diplomática contra gobierno venezolano

Foto: SIG
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El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón,  anunció este martes que Colombia hará una ofensiva diplomática para seguir denunciando ante los organismos y la comunidad internacional y reclamando respeto a los derechos  de los ciudadanos colombianos deportados de Venezuela.

En una alocución, el Jefe de Estado explicó que su Gobierno acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones para denunciar la violación del derechos internacional en las deportaciones.

“Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible”, expresó el Presidente Santos.

Precisó que la Canciller María Ángela Holguín hará la denuncia ante el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Secretario General de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, y ante la OIM.

“Y lo haremos ante la opinión y los medios del mundo, que no pueden desconocer esta tragedia humana, agregó.

El Mandatario precisó que en cuanto a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se había solicitado una reunión de urgencia que no se llevó a cabo, “y, por lo tanto, desistimos de esa reunión”.

Informó además que esta misma tarde, el Fiscal General de la Nación le comunicó que considera la posibilidad de presentar “una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma”.

“Se trata, específicamente, de la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional”, manifestó el Presidente.

Añadió que “la Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana”.

El Presidente Santos sostuvo que “Venezuela –como cualquier Estado– tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad”, pero “la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites: no puede violar el derecho internacional”.

Advirtió que las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad.

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