El Presidente Obama le solicitó a los legisladores ademas, que estudien con “Madurez y flexibilidad” la propuesta para evitar consecuencias catastróficas para el país.
Al menos 800 mil funcionarios federales quedarían en cese de actividades si el congreso no aprueba el presupuesto.
Tal y como se planteaba hace un mes, el gobierno estadounidense está en alerta ante una posible parálisis de las actividades administrativas a partir del próximo viernes 8 de abril, de no contar con el aval para ejecutar el presupuesto para el año fiscal corriente, del que solo quedan seis meses y que ha sido cubierto hasta ahora a través prórrogas puntuales del sobre los aprobado el año fiscal anterior.
Desde Filadelfia, en el estado de Pensilvanya el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a todos los senadores “comportarse como adultos” e instó particularmente a los republicanos a ser mas flexibles, tras recordar que la Casa Blanca ya cedió ante sus demandas, al tiempo que reiteró que serí injusto dentener el impulso de la recuperación tras la crisis económica del país y sólo por cuestiones políticas.
Sin embargo, la Casa Blanca está cercada, pues la paralización administrativa afectaría a cerca de 800 mil funcionarios federales, obligaría a cerrar los parques nacionales y detendría el proceso de devolución de impuestos (tax return) por parte de la Secretaria de Hacienda estadounidense, a excepción de las actividades de Fuerzas Armadas y la Policía, así como organismos, actividades o puestos que reciban sus fondos de asignaciones aprobadas para varios años.
Contexto ABC: Republicanos y demócratas negocian esta semana acerca de un acuerdo presupuestario para dotar de fondos el funcionamiento del Gobierno estadounidense. Los demócratas han propuesto recortes de 33 mil millones dólares, pero los republicanos piden una prórroga de dos semanas más, condicionada a recortes presupuestarios adicionales de 12 mil millones de dólares, según ellos, para enfrentar el déficit presupuestario del país previsto para este año fiscal, es decir 1,5 billones de dólares, algo que los demócratas y la Casa Blanca rechazan de plano.
















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